En el programa “Antes de ver el sol”, emitido por Ciudad fm 90.5 y www.ciudadfm.net, Maira Olivera, trabajadora del Hogar Castillo Fuerte de Santa María de Oro, Rivadavia, expuso una situación que afecta a veinte auxiliares del establecimiento: a pesar de desempeñar las mismas tareas que sus pares de otros hogares provinciales, no están percibiendo el adicional por cuidado directo y permanente que fue reglamentado por el Gobierno de Mendoza en agosto mediante el Decreto 1639.
“Venimos reclamando hace meses y no tenemos una respuesta fundada en la ley”, explicó Olivera, quien asistió a la entrevista en representación de sus compañeras y compañeros. Los trabajadores del hogar dependen de la Dirección General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP), organismo que mantiene un convenio con la Fundación Reiniciar, responsable de la administración del hogar.
Según señaló, el argumento oficial es que por tratarse de un convenio con una fundación, el beneficio no corresponde, pero Olivera subrayó que la normativa vigente equipara las prestaciones a las de cualquier trabajador estatal. “Nosotros cumplimos todos los requisitos y las condiciones que exige la ley. Cuidamos a los mismos niños del Estado. No hay motivo legal para que no lo cobremos”, afirmó.
El hogar, inaugurado el año pasado con la presencia del Ministro Tadeo García Zalazar, aloja actualmente a veinticinco niños y niñas de entre seis y doce años, quienes viven allí de forma permanente. Las auxiliares trabajan por turnos rotativos y realizan todas las tareas cotidianas de cuidado: acompañamiento escolar, alimentación, higiene y contención emocional.
Olivera describió también una reunión mantenida con la directora de la DGP, Belén García, a la que fue invitada luego de publicar un descargo en redes sociales. “Me convocó para explicarme la reglamentación, pero la reunión fue en un tono iracundo. No hubo voluntad de diálogo. Me dijo que no teníamos por qué cobrarlo ni reclamarlo”, relató.
La trabajadora denunció que otros dos hogares bajo convenio sí perciben el adicional, lo que configura, a su entender, una clara situación de discriminación laboral. “De los cuarenta y cinco hogares de la provincia, somos el único grupo que no recibe este derecho”, aseguró.
El adicional en cuestión equivale a aproximadamente el 50% del salario, lo que representa unos $350.000 mensuales por trabajadora. Hoy, las auxiliares del Hogar Castillo Fuerte perciben alrededor de $695.000, de los cuales deben descontar el monotributo y los gastos de traslado, quedando con ingresos significativamente inferiores a los del resto de los hogares provinciales.
A pesar de no haber sido recibidos por el ministro Tadeo García Salazar, las trabajadoras enviaron una nueva nota hace dos semanas y mantienen la esperanza de obtener una respuesta antes de fin de año. “Queremos agotar todas las instancias de diálogo. Entendemos la importancia del cuidado de los niños, por eso no vamos a tomar medidas que los perjudiquen, pero seguiremos apelando hasta que se reconozca nuestro derecho”, concluyó Olivera.
