En diálogo con Antes de ver el sol, el senador provincial y presidente del Partido Demócrata, Armando Magistretti, explicó los motivos de su voto en contra de la reforma del estatuto del empleado estatal, que terminó siendo aprobada por el desempate de la vicegobernadora Eve Casado.

“El recurso humano es un pilar fundamental en el Estado, porque a través de los trabajadores se cumplen los mandatos constitucionales en salud, educación, seguridad y justicia. Nosotros estamos a favor de una reforma, pero no en los términos de este proyecto”, sostuvo el legislador.

Magistretti cuestionó que la iniciativa oficial instale la figura del interinato, lo que —según afirmó— “consagra un sistema clientelar que llena de militantes la administración y está en las antípodas de una burocracia profesionalizada y meritocrática”.

El senador señaló además que el gobernador Alfredo Cornejo se adelantó a un inminente fallo de la Corte, lo que podría “generar un limbo jurídico con consecuencias imprevisibles”.

Consultado sobre el peso político del mandatario, Magistretti fue tajante:

“Se da el fenómeno del pato rengo, su palabra está devaluada. Ha perdido poder y salió a plebiscitar su gestión en estas elecciones sin ser candidato”.

Por último, el legislador del PD advirtió sobre la pauta de gastos 2026, que ya ingresó a la Legislatura: “Lo más alarmante es que la obra pública cae del 11,5% al 3,5%. El gobierno disfraza esa reducción con fondos de Portezuelo del Viento, que son las joyas de la abuela de los mendocinos”.

A días de las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), previstas para el próximo martes 7 de octubre, Cristina Raso —candidata a secretaria general por la Lista 10 “Frente Trabajadores de la Educación de Pie”— denunció un acuerdo político que, según sostiene, pondría en riesgo la transparencia de los comicios internos.

En diálogo con Hugo Lombardi, la dirigente aseguró que existe “un pacto entre Alfredo Cornejo y Gustavo Correa” relacionado con la fiscalización del proceso electoral. Raso afirmó:

“El gobierno provincial sacó una resolución que impide que las demás listas podamos poner fiscales, pero sí le otorga al oficialismo presidentes de mesa y fiscales con crédito horario. Esto es una devolución de favores”.

La candidata señaló que la actual conducción del SUTE “ha sido funcional al gobierno” y que en estos cuatro años “paritó con porcentajes bajísimos, disciplinando al resto de los gremios y garantizando la gobernabilidad de Cornejo”.

Respecto al rol de Gustavo Correa, Raso fue contundente:

“La conducción en las sombras del sindicato la tuvo Correa, operador político de Cornejo. No hay una sola foto suya en las escuelas, nunca ha dado la cara. Nosotros queremos un SUTE transparente, con plenarios abiertos y con decisiones colectivas, no con acuerdos entre pocos”.

Además, denunció que la normativa del Ejecutivo “abre la puerta al fraude” y advirtió que su espacio está dispuesto a recurrir a la Justicia:

“Si no se revoca la resolución, vamos a presentar un amparo. En estas condiciones no va a haber elecciones, porque no están dadas las garantías de transparencia”.

La candidata defendió su trayectoria como docente y dirigente gremial y se diferenció de las acusaciones que la vinculan con partidos políticos:

“Yo no respondo a ninguna línea del PJ. Soy maestra, profesora, licenciada en Educación, vice directora y asesora pedagógica. No nací política, nací maestra. Lo que queremos es recuperar el sindicato para los trabajadores de la educación”.

Finalmente, Raso reiteró que el desafío de su lista es “poner al SUTE de pie, con independencia de los gobiernos y de los partidos, y con una verdadera defensa de los derechos docentes”.

En diálogo con Antes de Ver el Sol, Roberto Macho, secretario general de ATE, se refirió a la reciente aprobación en el Senado provincial de la reforma del Estatuto del Empleado Público, que fue definida por el sindicalista como “una reforma laboral” que vulnera derechos fundamentales.

El dirigente explicó que no se trata de una modificación parcial, sino de un cambio de fondo:

“Acá tiraron por el piso todo el estatuto del empleado público, eliminando las indemnizaciones tal cual las conocemos hoy. Si un trabajador es despedido tras veinte años, la reforma dice que solo se le reconocen dos. Y si la justicia ordena la reincorporación, no se pagan los salarios caídos”.

Macho remarcó que la nueva norma “elimina el derecho a defensa” en casos de suspensión y que “legaliza el trabajo en negro dentro del Estado”.

“El primer evasor es el gobierno de Mendoza. Ahora se crea una planta interina sin derechos a paritarias, licencias o convenios colectivos. Es ilegal y retrocede contra la Constitución Nacional y Provincial”, sostuvo.

El dirigente sindical anticipó que acudirán a la justicia:

“Esto ya fue declarado inconstitucional en otros casos a nivel nacional. La Corte tiene jurisprudencia clara. Vamos a presentar la inconstitucionalidad una vez promulgada la ley”.

Consultado sobre el plan de lucha, Macho adelantó que ATE seguirá movilizándose junto a otros sindicatos:

“Hicimos dos paros generales en el último mes, pero el gobernador no escucha. Vamos a insistir con la apertura de paritarias, con el pase a planta de los trabajadores en negro y con la derogación de esta reforma laboral. No vamos a bajar los brazos”.

Finalmente, el titular de ATE advirtió que lo ocurrido en la Legislatura refleja una pérdida de poder político del gobernador:

“La votación quedó 19 a 19 y tuvo que desempatar la vicegobernadora. Eso muestra debilidad política. Pero lo más grave es que aquí no ganó nadie: perdió la provincia, perdió el Estado, perdieron los trabajadores”.