El gobierno nacional suspendió la audiencia para definir tarifas de transporte de energía, tras destacar la desaceleración inflacionaria y «mejoras económicas»

El gobierno de Javier Milei suspendió la convocatoria a audiencia pública para fijar nuevos valores en las tarifas de transporte de energía que tienen incidencia en el costo final de las facturas de electricidad.

La decisión se dio a conocer este martes mediante la Resolución 743/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), determinando “dejar sin efecto la convocatoria a audiencia pública para el día 5 de noviembre de 2024”, que había sido anunciada a principios de mes.

Al explicar la cancelación, el texto oficial señaló que “teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la Audiencia Pública hasta la fecha que oportunamente se determine”.

La instancia participativa buscaba “poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica”.

Las empresas transportistas en cuestión son Transcomahue, Transnea, Transnoa, Transba, Transpa, Epen, Distrocuyo y Transener y las tarifas a fijar eran las correspondientes a partir del 1 de enero de 2025, en el marco del Proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que dispuso el ENRE en abril pasado.

De esta manera, está estipulado que la convocatoria se lleve a cabo “con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las referidas concesionarias en dicho quinquenio”. El valor del transporte de la energía eléctrica, que representa el 1,5% del precio final, es uno de los cuatro componentes que integran el costo total de la factura de luz.

A comienzos de octubre, el ENRE había autorizado nuevos valores en las tarifas por la actualización en los costos del transporte y la distribución al disponer que “la tarifa a usuario final deberá ser incrementada en un 2,7%, debiéndose entonces reflejar de ese modo las actualizaciones de los precios PEST y las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado”.

Con ese ajuste, la tarifa media de la distribuidora Edenor se ubica en el orden de los $106,337 por kWh, mientras que la tarifa media de Edesur pasa a ubicarse en el orden de los $101,820 por kWh.

Fuente: Noticias Argentinas.

Laudelina Peña debía ampliar su indagatoria, pero cambió de opinión y solicitó no declarar.
Tras cuatro meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la jueza Cristina Pozzer Penzo aprobó el traslado de Laudelina Peña, tía del menor, al Complejo Penitenciario Federal Nº 6 en Luján de Cuyo, Mendoza.

La decisión se tomó por motivos de seguridad, luego de que el director General de Régimen Correccional sugiriera que el perfil de la imputada requería medidas especiales para garantizar su resguardo y bienestar en su lugar de detención.

Laudelina Peña es una de las principales sospechosas por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio en el paraje Algarrobal, en el departamento de 9 de Julio, Corrientes.
Actualmente, se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, pero su traslado a Luján de Cuyo se solicitó con base en los riesgos que implica mantenerla en su lugar de detención actual. El escrito presentado por las autoridades penitenciarias menciona que la reubicación busca asegurar un entorno adecuado para la imputada, acorde a los estándares de seguridad penitenciaria.

El traslado de Laudelina Peña provocó que la acusada desistiera de ampliar su declaración indagatoria, la cual estaba prevista para realizarse vía Zoom desde el penal de Ezeiza. Días atrás, la jueza Pozzer Penzo había aprobado la solicitud de la abogada defensora Mónica Chirivin para una tercera indagatoria, que se planteaba con el objetivo de aclarar aspectos mencionados en declaraciones anteriores. Sin embargo, tras conocerse el traslado, Peña cambió de parecer y decidió no continuar con esta acción legal.

En su primera declaración, realizada ante el fiscal de la Justicia provincial de Corrientes, Laudelina Peña afirmó que Loan había sido atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales sospechosos del caso. Más tarde, cambió su versión alegando que había sido coaccionada por su anterior abogado, José Codazzi, quien la había inducido a mentir sobre los hechos ocurridos el 13 de junio.
Mientras tanto, la investigación sobre la desaparición de Loan continúa en curso, aunque aún existen pocas certezas sobre su paradero. En paralelo, la jueza Pozzer Penzo también procesó a diez personas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy por diversos delitos, incluyendo privación ilegítima de la libertad y encubrimiento.

El presidente planteó la necesidad de controlar el uso de los recursos. Además, se mostró dispuesto a revisar una nueva ley sobre los salarios docentes.

El presidente Javier Milei intentó reducir la polémica con las universidades nacionales tras sus declaraciones del sábado pasado, en las que afirmó que actualmente sólo los hijos de familias ricas pueden asistir a las facultades públicas. Sus palabras fueron interpretadas como un paso hacia la discusión del arancelamiento de la educación superior, lo que generó un fuerte debate.

Este martes, el mandatario aclaró su postura: “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca“. En su explicación, durante una entrevista con el periodista Antonio Laje en LN+, subrayó que “la universidad no está en discusión, ni el hecho de que sea no arancelada, porque gratuita no es; alguien la está pagando, y mayormente son los que no asisten”.

Sin embargo, el presidente dejó en claro que lo que sí está bajo revisión es la administración de los fondos que reciben las universidades públicas. “¿Acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política? Esto lo pagan todos los argentinos, y creo que es necesario que esos fondos sean auditados”, afirmó.

Respecto a su reciente decisión de vetar la ley aprobada por el Congreso que buscaba regular el salario de los docentes, Milei sostuvo que la principal problemática de la norma era la falta de una fuente clara de financiamiento. No obstante, se mostró abierto a recibir una nueva propuesta legislativa que contemple un origen específico para los recursos.

“Es cierto que los docentes no están bien pagos, es un problema histórico. Los que no lo arreglaron durante 40 años ahora me piden que lo solucione. Yo estoy dispuesto, pero deben decirme cómo hacerlo”, señaló.

Milei concluyó: “Este es el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a resolver. Yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a aumentar impuestos ni tomar más deuda”.