Límites a la huelga, nuevo sistema de indemnizaciones y golpe a la recaudación sindical: los puntos del DNU que suspendió la Justicia

La Justicia emitió una medida cautelar que suspende la aplicación de las reformas laborales incluidas en el DNU impulsado por el presidente Javier Milei.

La Justicia suspendió hoy los efectos de la reforma laboral incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre pasado, que implicaba un cambio drástico en varias áreas vinculadas a las relaciones de trabajo, que además impulsó el paro general convocado por la CGT para el próximo 24 de enero.

Entre otras cosas, el Título IV del DNU que suspendió la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo incluye una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exigirá un 75% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio.

En la primera categoría están “los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques; servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior; y cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

En la segunda categoría figuran “la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación”.

Otro cambio del DNU en materia laboral es la modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales: allí se sostiene que “los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. Este cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.

En el DNU también se derogan leyes laborales como la 25.323, que duplica las indemnizaciones en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente. La argumentación que figura entre los considerandos del DNU es la siguiente: “Que el empleo formal registrado no crece desde el año 2011 y es un hecho demostrado que las medidas estructurales adoptadas por la Ley de Empleo N° 24.013 y por la Ley N° 25.323 no han podido revertir el problema de la informalidad”.

La norma del Poder Ejecutivo que fue suspendida también afirma que “se modifican las Leyes Nros. 14.250, 14.546, 20.744 (t.o. 1976), 23.551, 24.013, 25.345, 25.877, 26.727, 26.844 y 27.555 y se deroga la Ley N° 25.323, a los efectos de mejorar y simplificar los procesos de registración, darle seguridad jurídica a la relación laboral, aumentar el período de prueba, redefinir la procedencia de los descuentos salariales convencionales, autorizar a las convenciones colectivas a explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador, tal como se ha implementado en algunas actividades, revisar los criterios de ultractividad y evitar los bloqueos de actividades productivas”.

Uno de los puntos que más afectará a los sindicatos está vinculado con las cuotas solidarias, que son aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios, generalizados desde los años 90 para compensar la desafiliación. En el DNU se establece “el pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo o que resulte de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Así, ese recurso de recaudación adicional y obligatorio para los sindicatos, justificado en el principio de solidaridad debido a que los trabajadores no afiliados también se benefician de los logros gestionados por la organización gremial, correrá peligro porque deberá tener el aval “explícito” de los empleados.

La reforma laboral del gobierno de Milei contempla, además, la extensión del período de prueba de los trabajadores, que era de 3 meses: “El contrato de trabajo por tiempo indeterminado (…) se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 8 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar”, dice el artículo 71 del DNU.

Una de las claves de los cambios laborales del Gobierno es la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva un sistema indemnizatorio distinto, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA. Figura en el artículo 81 del DNU, que sustituye el artículo 245 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, y contempla lo siguiente: “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Por su parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley”.

Allí también aparece la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. Y establece que “no incluirá el Sueldo Anual Complementario ni conceptos de pago semestral o anual”, algo que, en la práctica, equivaldrá a reducir las indemnizaciones porque no podrán incluirse en la base de cálculo las sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales.

El título del DNU suspendido hoy incorpora como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento” y detalla en qué casos se aplica: “Cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; cuando se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento, y cuando ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente”.

Otros aspectos salientes de la reforma laboral de Milei, que ahora queda suspendida, según destaca un informe del estudio Aquino Abogados, que encabeza Marcelo Aquino, son los siguientes:

Definición de relación de dependencia/Presunción

Se excluye expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo a los contratos de obra, contratos de servicios y contratos de agencia. Todos regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, por ende, acreditada la relación formal de alguno de estas figuras de contratación, queda excluida cualquier presunción de relación de dependencia (por ejemplo, la Justicia del Trabajo no podría considerar que se trata de una relación de dependencia a los médicos que facturan de manera exclusiva para un sanatorio).

Trabajadores independientes con colaboradores

Se establece que un trabajador autónomo (contratado bajo alguna de las modalidades antes mencionadas), podrá valerse de hasta 5 trabajadores también autónomos, acogiéndose a un régimen que reglamentará el PEN. No existiendo relación de dependencia entre el contratante (comitente) y estos colaboradores del tercero.

Contratistas

Se elimina la posibilidad de considerar que los empleados de contratistas puedan ser considerados empleados no registrados del contratante, sin perjuicio de que este último es solidariamente responsable de las obligaciones laborales del empleador respecto del empleado en cuestión.

Registro de empleados

Simplificación del mismo mediante un sistema electrónico, sujeto a la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo Nacional.

Irrenunciabilidad de derechos

Se modificaría su alcance. Se permitiría que todas aquellas condiciones acordadas por encima de la ley y/o los convenios colectivos de trabajo, es decir las convenidas entre las partes y/o por usos y costumbres, pueden ser renunciables por el trabajador (por ejemplo, el pago de una suma mensual por encima del salario de la categoría de convenio).

Indemnización especial por despido discriminatorio

Incremento entre un 50 y 100% de la indemnización por antigüedad en el supuesto de que se acredite discriminación alguna. ¿Lo novedoso? Al establecerse una indemnización especial por discriminación se elimina el criterio de la Justicia de declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación en el puesto de trabajo del supuesto trabajador discriminado.

Reingreso del trabajador

Si un trabajador que fuera despedido reingresa para un mismo empleador, tiene derecho a que se compute la antigüedad adquirida por el período anterior, debiendo el empleador, si lo despidiera nuevamente, indemnizarlo. La novedad es que el valor de la primera indemnización se debe descontar (hasta ahora a valor nominal) al valor histórico más la variación del IPC más un interés del 3% mensual. Cabe aclarar que se prevé que la indemnización nunca podrá ser inferior a lo que le hubiera correspondido por el último período de trabajo.

Créditos laborales

En caso de deudas laborales, se aplicará la misma pauta de actualización, es decir, variación del IPC desde la fecha de origen de la deuda más el 3% de interés anual. De esta manera se neutralizaría cualquier criterio de la Justicia de ajustar valores con pautas totalmente desproporcionadas.

Derogación del Estatuto del Viajante de Comercio

La derogación de la Ley N° 14.546 no afecta los derechos individuales de aquellos trabajadores que se encuentren actualmente alcanzados por el régimen establecido en la ley que se deroga. Las nuevas contrataciones producidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se regirán por las normas generales, contratos individuales y convenios colectivos que resulten aplicables. La representación sindical y empleadora deberán impulsar la negociación colectiva relativa con el fin de de otorgar el marco adicional que consideren menester adecuado a las circunstancias actuales si correspondiere.

Teletrabajo/Reversibilidad

No sólo el trabajador tendrá derecho a retomar tareas presenciales sino que se le reconoce tal facultad al empleador también.

De esta manera, la nafta súper podría llegar a superar la barrera de los $700 en CABA.

Desde esta medianoche, la mayoría de las petroleras aplicaron una suba del 27% en el valor de sus combustibles, lo que podría llevar el litro de súper por encima de los $700 aún en algunas localidades del país, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del primer aumento del año, tras haber registrado fuertes incrementos en diciembre, en el marco de la devaluación del peso y el descongelamiento de precios. La cadena YPF fue la última en aplicar las subas, que se empezaron a ver esta mañana en las carteleras de precios.

Según fuentes del sector, la Nafta Super en las estaciones de YPF quedó en $716 y la Infinia -la versión premium- llegó a $890. El litro de Diesel, por su parte, trepa ahora a $755 y la Infinia Diesel $956. Sin embargo, aclaran en el sector, hay una gran amplitud de precios en distintos barrios del AMBA.

El actual incremento es la tercera suba fuerte del precio de los combustibles en menos de un mes. El primer gran aumento se produjo en la última semana del gobierno de Alberto Fernández, cuando las petroleras aplicaron un ajuste promedio del 30% en el precio final de los destilados, aprovechando el fin del congelamiento firmado con la gestión anterior.

Luego, tras el salto del dólar oficial que se dio el miércoles 13 de diciembre, los valores en boca de expendio volvieron a dispararse. A pocas horas del debut del nuevo precio del dólar, las compañías aplicaron aumentos de entre el 30 y el 37% en todos sus productos.

Con este aumento el litro de nafta se acerca rápidamente al valor histórico de un dólar. Con un incremento del 27% de la nafta súper promediará los $700 y la premium se venderá aproximadamente en $900. En principio serían las petroleras privadas quienes ajustarían sus precios: desde YPF aún no hay confirmación.

Otro fuerte incremento se dio el 8 de diciembre. Habían hecho punta las petroleras privadas con un promedio de 30% y una semana más tarde ajustó YPF. Una semana antes, las petroleras habían aumentado un 7% en acuerdo con el Gobierno dentro del marco de los acuerdos de combustibles. En noviembre, el ajuste había sido del 12 por ciento.

Así, este último se convierte en el primer incremento del año tras dos subas fuertes en diciembre. La decisión sería consecuencia directa de la medida de la Secretaría de Energía, que el 28 de diciembre dispuso incrementos para el biodiesel y el bioetanol que van del 28,45% al 34,44%. Se esperaba que las petroleras trasladen, al menos en parte, el mayor costo al precio final de los combustibles, pero a la vista de los porcentajes, estarían trasladando casi la totalidad.

En 2023, los precios de la nafta y el gasoil tuvieron remarcaciones todos los meses, excepto en septiembre. En números, el litro de súper comenzó el año en $150,90 y finalizó en $553, lo que representa un incremento del 266,22%. En tanto, el litro de premium pasó de $185,90 a $684, lo que arroja una evolución del 267,74%.

Con información de NA

El Gobierno nacional decidió no renovar la medida que devolvía el 21% de los alimentos. Por esa decisión, los productos que estaban dentro del plan se les restableció el tributo.

Una semana de haber ganado el balotaje, el presidente, Javier Milei, había asegurado que el programa Compre sin IVA iba a continuar durante su mandato, pero con el comienzo del 2024 la iniciativa dejó de estar en vigencia debido a que finalizó el 31 de diciembre.

Ya no va más el programa que lanzó Sergio Massa cuando era ministro de Economía, en el que le devolvía el 21% del IVA de los productos a los clientes. La iniciativa tenía un tope de 18.800 pesos mensual.

El programa tenía vigencia gasta el 31 de diciembre de 2023 y desde el Gobierno nacional no dieron ningún anuncio oficial sobre una prórroga del Compre sin IVA. Curiosamente, cinco días después de haber ganador el balotaje, Milei en una entrevista televisa aseguró que la iniciativa iba a continuar durante su gestión.

“Las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Se mantendrán ambas reducciones”, afirmó el libertario en TN.

Por otro lado, en octubre del 2023, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que garantiza la devolución del IVA de los productos, en ese entonces, Milei votó a favor. En la actualidad, la iniciativa se encuentra en el Senado a la espera de su tratamiento.

Los productos incluidos

Desde el 31 de diciembre, más de una decena de productos volvieron a tener el 21% del tributo en sus precios. En el listado aparecen:

Productos lácteos.

Aves, huevos, productos de granja.

Frutas, legumbres y hortalizas frescas.

Pan, productos de confitería y pastas frescas.

Azúcar.

Aceite y grasas.

Café, té, yerba mate y otras infusiones, especias y condimentos (incluida la sal).

Productos y subproductos de molinería.

Frutas, legumbres y cereales secos, en conserva y frescos.

Fiambres y embutidos.

Carnes rojas, menudencias, chacinados frescos y pescados.

Productos de almacén y dietéticos.

Productos farmacéuticos y de herboristería.

Cosméticos, productos de tocador y perfumería.