El máximo tribunal ratificó la pena de 18 años de cárcel para el exjardinero del colegio, Armando Gómez; el 18 próximo se espera una nueva sentencia por la causa
MENDOZA.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena por los abusos cometidos contra niños del instituto Antonio Próvolo en esta ciudad. La decisión se conoció hoy a través de un fallo en el que el máximo tribunal desestima el recurso presentado por la defensa de Armando Ramón Gómez Bravo, el exjardinero del colegio, quien recibió una pena de 18 años de cárcel por abuso sexual agravado y corrupción de menores.
De hecho, en septiembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia provincial había ratificado la condena contra Gómez y los sacerdotes acusados de las vejaciones, quienes fueron sentenciados a más de 40 años de prisión a fines de 2019. Esa decisión había llegado tras la apelación de la defensa, en un fallo de más de 70 fojas, en el que se detallaban los abusos a los que fueron sometidos los pupilos durante años. Así, un tribunal local, en una sentencia histórica, había determinado condenar a los sacerdotes Nicola Bruno Corradi Soliman (83) y Horacio Hugo Corbacho Blanck (59), a 42 y 45 años de prisión, respectivamente, por cometer los delitos de abuso sexual simple, agravado y corrupción de menores.
De esta manera, hoy, en una resolución se deja en claro la posición del máximo órgano de Justicia del país, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. “Considerando: Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y, oportunamente, archívese”, indica el fallo de la Corte, tras el recurso de queja interpuesto por Gómez, asistido por la abogada María Alicia Arlotta, en base a la decisión tomada por el tribunal de origen, la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. Previo a ese dictamen provincial, había intervenido el Tribunal Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción de Mendoza, el cual dispuso las fuertes penas contra los acusados.
El caso
En el caso, que tuvo repercusión mundial, se investigó el horror que vivieron los chicos entre 2005 y 2016, con una investigación enfocada en once niños sordomudos e hipoacúsicos, cuando tenían entre 5 y 17 años. De acuerdo con el proceso judicial que derivó en la histórica condena, la mayoría de los menores abusados provenían de familias de escasos recursos, las que dejaban a los chicos en el colegio como pupilos. Durante la investigación se comprobó que los sacerdotes y directivos del establecimiento, pertenecientes a una orden religiosa con sede principal en Verona, Italia, reclutaban a los niños bajo el argumento de que era una institución modelo para aprender el lenguaje oral, dejando de lado la lengua de señas. Por caso, familiares de las víctimas relataron a este medio que la técnica se convirtió en una “trampa” ya que a los chicos no les permitían aprender y comunicarse con las correspondientes señas.
Mientras, por estos días, se realizan las instancias finales del segundo megajuicio por los abusos sexuales en el Próvolo. En este caso se busca determinar las responsabilidades de nueve mujeres, entre directivas y religiosas del instituto, principalmente por encubrimiento y omisión de denunciar.
Desde que comenzó este debate, en mayo de 2021, ya hubo más de 300 audiencias y más de 100 testimonios. En este sentido, en las últimas semanas concluyeron los alegatos y se espera que la sentencia se dicte el 18 próximo. Las imputadas son las monjas Kumiko Kosaka, también denunciada por abusos simples y agravados, y Asunción Martínez; las ex directoras y empleadas del Instituto, Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Para la monja Kosaka, la Fiscalía ya solicitó 25 años de cárcel e inhabilitación, mientras que para la mayoría del resto de las imputadas, el pedido de penas va de los 3 a los 18 años de cárcel.
La Nacion
