La liquidación de la obra social de las Fuerzas Armadas reavivó las críticas contra la gestión del exministro de Defensa Luis Petri. Deudas millonarias, denuncias judiciales, dificultades para acceder a prestaciones médicas y el cierre anunciado de un histórico centro sanitario en Mendoza configuran un escenario de profunda incertidumbre. En la Zona Este, miles de afiliados y familiares esperan respuestas.
La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) dejó de ser exclusivamente un problema administrativo para transformarse en un conflicto sanitario y político de alcance nacional. En Mendoza, las consecuencias de su deterioro golpean a familias que durante décadas realizaron sus aportes y que hoy enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de su atención médica.
En el centro de los cuestionamientos aparece Luis Petri, exministro de Defensa, cuya gestión quedó bajo la lupa por el crecimiento del endeudamiento del organismo, los nombramientos realizados durante su administración y las denuncias por presuntas irregularidades financieras.
La controversia adquiere especial relevancia en la Zona Este mendocina, donde la distancia respecto de los principales centros sanitarios de la capital provincial agrava las dificultades de quienes necesitan consultas, medicamentos o tratamientos especializados.
LA ZONA ESTE, ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA FALTA DE RESPUESTAS
San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz conforman una región donde residen militares retirados, pensionados, veteranos de guerra, personal de las Fuerzas Armadas y miembros de las fuerzas federales de seguridad junto a sus familias.
Estimaciones difundidas en la región calculan alrededor de 3.500 afiliados titulares vinculados al IOSFA y un universo potencial de entre 6.000 y 8.500 personas al considerar sus grupos familiares. Estas cifras son aproximadas y todavía requieren corroboración mediante un padrón oficial desagregado por departamento.
La preocupación, sin embargo, trasciende los números.
Para una familia de Rivadavia, Junín o San Martín, la falta de un prestador cercano puede significar trasladarse hasta el Gran Mendoza, afrontar gastos de transporte y asumir pagos particulares para conseguir atención.
A ello se suman los reclamos por dificultades en la provisión de medicamentos, interrupciones de servicios y restricciones en los convenios con prestadores médicos.
La pregunta que surge es inevitable: ¿qué sucede cuando una familia aporta durante toda su vida a una obra social, pero no consigue la atención que necesita?
DEUDAS MILLONARIAS Y UN PRÉSTAMO BAJO CUESTIONAMIENTO
Una de las mayores controversias de la gestión de IOSFA se relaciona con el crecimiento de sus compromisos financieros.
Según información de una auditoría interna difundida por medios nacionales, la deuda del organismo pasó de aproximadamente 44.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 210.000 millones en junio de 2025.
En paralelo, durante la administración de Roberto Fiochi, el IOSFA obtuvo un préstamo de 40.000 millones de pesos del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La operación, oficialmente aprobada, contempló su devolución en 34 cuotas. Posteriormente trascendió que la tasa nominal anual alcanzaba aproximadamente el 52%, con un costo financiero total superior al 66%.
El financiamiento, presentado oficialmente como una herramienta para fortalecer el funcionamiento de la obra social, terminó convirtiéndose en otro punto central de los cuestionamientos.
La diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra Petri por presuntas irregularidades vinculadas con la administración del IOSFA, incluyendo el manejo de fondos y las consecuencias de la falta de prestaciones.
Las acusaciones requieren investigación y determinación judicial de responsabilidades. Su existencia, no obstante, volvió a poner el funcionamiento de la institución en el centro del debate público.
EL CIERRE DEL CENTRO MÉDICO SANTA RITA AGRAVA LA PREOCUPACIÓN
La situación en Mendoza sumó un nuevo capítulo con el anuncio del cierre del Centro Médico Santa Rita y su farmacia, ubicados en la capital provincial.
La fecha prevista para el cese de actividades es el 30 de noviembre de 2026, mientras trabajadores y afiliados reclaman respuestas sobre la continuidad de los servicios y el futuro laboral del personal.
Según testimonios recogidos por la prensa mendocina, el establecimiento atiende a pacientes de distintos departamentos y constituye un punto de referencia para prestaciones que habían sufrido interrupciones en otros centros.
La cifra de beneficiarios provinciales difundida por trabajadores del establecimiento ronda los 16.000, aunque el alcance exacto de la cobertura debe precisarse con información oficial actualizada.
El problema es especialmente sensible para los adultos mayores, pacientes crónicos y personas que requieren tratamientos continuos.
Para ellos, la atención médica no puede quedar subordinada a los tiempos de una reorganización administrativa.
PETRI, LOS NOMBRAMIENTOS Y LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Durante su paso por el Ministerio de Defensa, Petri tuvo bajo su órbita política al IOSFA, cuya presidencia fue ocupada por funcionarios mendocinos como Oscar Sagás, Roberto Fiochi y Betina Surballe.
Las designaciones y el manejo financiero de la institución motivaron cuestionamientos de sectores gremiales, dirigentes políticos y afiliados.
Desde la gestión de Petri se atribuyeron los problemas del organismo a desequilibrios anteriores, al aumento de los costos de las prestaciones médicas y a deudas de aportes estatales. El exministro también sostuvo públicamente que se había avanzado en la estabilización de la deuda.
Sin embargo, los informes de endeudamiento, las denuncias y las dificultades relatadas por los beneficiarios mantienen abierto el debate sobre el alcance de esas explicaciones.
El Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto 88/2026 la reorganización del sistema y el inicio de la disolución y liquidación del IOSFA, con la creación de dos entidades: una para las Fuerzas Armadas y otra para las fuerzas federales de seguridad.
La transición contempla mecanismos para sostener la cobertura, pero su implementación efectiva es precisamente uno de los asuntos que más inquietud provoca.
UNA DEUDA POLÍTICA QUE TAMBIÉN EXIGE RESPUESTAS
La crisis de IOSFA plantea interrogantes que exceden los balances contables.
¿Quién responderá por las prestaciones interrumpidas? ¿Cómo se garantizará la atención de quienes viven lejos de los centros asistenciales? ¿Qué medidas se adoptarán para regularizar las deudas? ¿Qué responsabilidades políticas corresponden por las decisiones tomadas durante los últimos años?
En la Zona Este de Mendoza, estos interrogantes tienen una dimensión humana concreta: jubilados, retirados, veteranos de guerra, trabajadores y familias que necesitan acceder a servicios médicos sin enfrentar nuevas barreras.
El proceso de liquidación podrá modificar estructuras, autoridades y denominaciones institucionales. Lo que no puede hacer es borrar las obligaciones con quienes aportaron durante años.
Porque detrás de cada cifra millonaria hay personas que necesitan atención, medicamentos y respuestas. Y aunque una obra social pueda disolverse mediante un decreto, las responsabilidades por su crisis no desaparecen con una firma.
