La muerte de la oficial Evelyn Funes, de 35 años, ocurrida en la tarde de ayer en la zona Este, volvió a exponer la crisis que atraviesa la Policía de Mendoza. Según confirmó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la agente —quien prestaba servicio en la UCAR, la Unidad Ciclística de Acción Rápida de Godoy Cruz— se quitó la vida, en un caso que generó alarma dentro de la institución.
En ese contexto, el programa “Antes de ver el sol” entrevistó a Liliana Cortés, presidenta de la Asociación de Esposas de Policías y Penitenciarios, quien manifestó un fuerte reclamo al asegurar que “la ministra Mercedes Rus no está apta para cumplir su función”. Cortés explicó que la organización convocó a una movilización y pidió la renuncia de la ministra, al contabilizar seis suicidios policiales en el último año y quince desde que Rus está al frente de la cartera.
Cortés relató que la asociación nació en diciembre de 2013, en medio de reclamos nacionales por salarios dignos. Señaló que el grupo —que no tiene personería jurídica porque les fue negada en varias oportunidades— está integrado por familiares de policías y penitenciarios de toda la provincia. “No tenemos socios ni recaudación económica; trabajamos cuando nos convocamos”, explicó.
Respecto del caso de Evelyn Funes, Cortés afirmó que la oficial había solicitado un traslado “desde hace largo tiempo para pasar más tiempo con su hija”, y que esa gestión “había quedado archivada”. Aseguró que la contención psicológica dentro de la institución “no funciona” y denunció que las áreas de asistencia y sanidad policial “están aliadas a las gestiones de turno” y “perjudican a los policías que piden ayuda”.
La presidenta de la asociación también responsabilizó al director y al subdirector general de la Policía, al sostener que la presión sobre el personal policial proviene de mandos que “no cumplen su función”. Afirmó que han solicitado reuniones “incansablemente”, sin obtener respuestas.
Cortés agregó que los policías que acuden a asistencia psicológica “pierden el arma, dejan de cobrar servicios extraordinarios y se les reducen otros ítems, lo que implica una baja significativa en el sueldo”. Además, señaló que muchas dependencias policiales “no tienen baño, cloacas, luz ni agua”, a pesar de que, según dijo, el Ministerio de Seguridad maneja “recursos millonarios” todos los meses.
Sobre la situación salarial, indicó que un policía recién egresado “no cobra más de 700 u 800 mil pesos en mano”, pese a que —según recordó— en marzo del año pasado la ministra había anunciado un ingreso mínimo de 1.400.000 pesos. También cuestionó que un efectivo próximo a retirarse cobre “alrededor de un millón cien mil pesos”, mientras comparó con los aumentos otorgados a otros funcionarios públicos.
La entrevistada sostuvo que la asociación deriva a personal policial con problemas psicológicos a profesionales que los atienden sin costo, pero remarcó que “se necesitan muchos más recursos y un espacio físico para contenerlos”.
Cortés denunció que para la movilización de hoy, convocada en Casa de Gobierno, la cartera de Seguridad “ya recargó policías de toda la provincia para reprimir”, lo que, según dijo, implica “enfrentar a los familiares con sus propios esposos”. Añadió que el objetivo del reclamo es que “la ministra abandone el cargo porque no reúne las condiciones para contener a quienes dan seguridad a todos los mendocinos”.
Finalmente, adelantó que la asociación redactará un oficio junto a profesionales para presentarlo formalmente al Ministerio de Seguridad y a Casa de Gobierno. Explicó que, según afirmó, existe una ley que establece que el 25% de determinados fondos deben destinarse a contención psicológica de empleados públicos, pero denunció que ese dinero “no se está usando para ese fin”.