Pequeños productores y bodegas de la Zona Este buscan elaborar propuestas ante la pérdida de rentabilidad, el abandono de viñedos y el aumento de los costos. Mario Doña afirmó que cualquier reconversión debe definir previamente qué producir, dónde comercializarlo y qué ganancias permitirá obtener.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín convocó a productores vitivinícolas y pequeñas bodegas de la Zona Este para debatir la crisis que atraviesa el sector y avanzar en la elaboración de un documento con propuestas para los gobiernos provincial y municipales.
Mario Doña, presidente de la institución, explicó en Antes de ver el sol, programa conducido por Hugo Lombardi en Ciudad FM 90.5, que la Cámara cedió sus instalaciones para acompañar a productores de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y algunos sectores de Lavalle.
El encuentro fue convocado para el 4 de agosto a las 19 en la sede de la Cámara, ubicada en el Centro Comercial Echesortu y Casas, pasaje 5, local 73, en San Martín. También se anunció una modalidad virtual para quienes no pudieran trasladarse desde los distritos rurales.
Doña sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de diferenciación entre las grandes empresas mecanizadas y los pequeños productores que todavía dependen del trabajo manual.
“Una cosa es la industria vitivinícola y otra es la vitivinicultura”, afirmó.
Según explicó, una empresa integrada puede utilizar cosechadoras mecánicas, sistemas automatizados, control de fertilización y hasta drones. En cambio, una finca pequeña debe afrontar numerosas tareas manuales, con costos proporcionalmente más altos y una menor capacidad para negociar el precio de su producción.
El dirigente señaló que ambos modelos terminan compitiendo dentro de un mismo mercado, aunque sus estructuras económicas sean completamente diferentes. Esa desigualdad, advirtió, provoca que las explotaciones familiares pierdan rentabilidad y queden progresivamente fuera de producción.
“Si esto sigue así, vamos a terminar con todas las fincas poniéndoles un candado”, alertó.
Doña defendió el valor cultural de la vitivinicultura y sostuvo que la identidad de Mendoza no puede reducirse únicamente a los números de las grandes empresas. Para ejemplificarlo, se refirió a la representación tradicional de la cosecha durante la Fiesta de la Vendimia.
“En la Fiesta de la Vendimia no pasa una máquina cosechadora por el escenario; pasan los cosechadores con el tacho al hombro”, expresó.
A su entender, esa imagen demuestra que la vitivinicultura también representa una tradición, una forma de vida y una actividad que mantiene población en las zonas rurales. Por ese motivo, pidió que las políticas públicas contemplen las diferencias entre los productores familiares y las estructuras industriales completamente automatizadas.
El presidente de la Cámara cuestionó que la única respuesta sea ofrecer créditos para reconvertir los viñedos. Consideró que el financiamiento puede ser una herramienta positiva, pero solo si forma parte de una planificación regional que determine qué cultivos conviene desarrollar, quién comprará la producción y qué rentabilidad tendrá.
“¿Crédito para reconvertirse? ¿Reconvertir en qué y qué se va a hacer después?”, planteó.
Doña explicó que una reconversión sin mercado asegurado puede dejar al productor con una deuda y sin posibilidades de generar los recursos necesarios para pagarla. Por eso, reclamó un programa a cinco o diez años pensado específicamente para las características productivas de la Zona Este.
En su análisis, no todas las regiones de Mendoza poseen las mismas condiciones de suelo, clima, disponibilidad de agua o rendimiento. Por ese motivo, sostuvo que cada área necesita una estrategia adaptada a sus capacidades.
La Zona Este, según señaló, posee condiciones históricas para alcanzar altos rendimientos en determinadas variedades destinadas al mosto o al azúcar de uva. En contraste, mencionó que otras regiones, como el Valle de Uco, construyeron un perfil diferente alrededor de variedades como el Malbec.
Doña no descartó que puedan incorporarse otros cultivos, pero insistió en que cualquier modificación debe abarcar la cadena completa.
“Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gente. Hagamos la cadena completa: qué se planta, dónde se lleva y cuál será su rentabilidad”, expresó.
El dirigente utilizó como ejemplo una eventual expansión del cultivo de tomate. Consideró que no alcanza con alentar la producción si no se determina previamente cuántas plantas procesadoras estarán disponibles, quién realizará la distribución y qué precio recibirá el productor.
Para Doña, la desconfianza hacia los programas de reconversión responde a experiencias anteriores en las que los productores realizaron inversiones sin contar luego con compradores o precios suficientes para cubrir los costos.
La situación también afecta a las pequeñas bodegas. El titular de la Cámara explicó que estos establecimientos concentran gran parte de su consumo energético durante aproximadamente 65 días de intensa actividad, mientras permanecen con un ritmo menor durante el resto del año.
Los costos de electricidad, personal y funcionamiento pueden reducir su capacidad para recibir y elaborar uva. Doña propuso analizar alternativas que permitan distribuir el pago de las facturas de energía durante un período similar al que las bodegas utilizan para pagar la producción.
Según su planteo, si una bodega abona la uva en varios meses, también debería evaluarse la posibilidad de amortizar sus mayores consumos energéticos en un plazo equivalente. De lo contrario, la presión económica termina trasladándose al eslabón más débil de la cadena.
“Quien termina pagando toda esta desigualdad es el pequeño productor”, cuestionó.
La Cámara de Comercio decidió actuar como institución de respaldo porque considera que las demandas de los productores no encuentran suficiente representación. La reunión buscó reunir experiencias y alternativas para transformarlas en un nuevo documento formal.
Doña informó que dos semanas antes ya se había elaborado un manifiesto con los principales reclamos y que fue presentado en la Gobernación de Mendoza. La documentación ingresó por Mesa de Entradas y cuenta con un número de expediente, según indicó durante la entrevista.
El objetivo es continuar incorporando propuestas y presentar nuevos informes para dejar constancia formal de la situación. La Cámara pretende acercar los documentos tanto al Gobierno provincial como a los municipios de la región.
También fueron invitados los responsables de las áreas de Desarrollo Económico de Santa Rosa, Junín, Rivadavia y San Martín. Doña consideró importante que estos funcionarios escuchen directamente a los productores y conozcan sus dificultades.
La modalidad virtual fue incorporada para facilitar la participación de quienes viven lejos de San Martín o no pueden abandonar sus propiedades durante varias horas. El dirigente explicó que trasladarse desde distritos alejados implica afrontar un costo de combustible significativo en relación con el valor actual de la producción.
La experiencia anterior superó las 60 participaciones presenciales, de acuerdo con lo expresado por Doña, y también reunió a numerosas personas conectadas desde sus teléfonos. El enlace para la nueva reunión sería difundido posteriormente por la Cámara y replicado en los medios.
La crisis vitivinícola, advirtió, no impacta solamente en las fincas. El dinero generado durante la cosecha circula por supermercados, comercios, gomerías, talleres, ferreterías, negocios de repuestos y empresas de maquinaria agrícola.
Cuando un productor recibe el pago por su cosecha, destina una parte a reparar vehículos, cambiar cubiertas, comprar baterías, mejorar una vivienda o adquirir herramientas. Si la producción disminuye, todo ese circuito económico regional también se debilita.
Doña sostuvo que la Zona Este no cuenta con el mismo movimiento turístico ni con otras actividades capaces de reemplazar rápidamente el peso económico de la agricultura. Por esa razón, consideró que defender la vitivinicultura significa proteger una parte central de la economía regional.
El dirigente insistió en que el reclamo no debe interpretarse como una discusión partidaria, sino como una necesidad compartida por los departamentos del Este.
“Esto es una política de Estado”, remarcó.
A su entender, los municipios y el Gobierno provincial deben acordar una estrategia regional, definir qué producciones serán prioritarias y garantizar condiciones mínimas de comercialización y rentabilidad. Sin esas definiciones, los créditos y las reconversiones pueden terminar profundizando el endeudamiento.
La reunión fue planteada como un espacio abierto para productores, bodegueros e integrantes de las áreas económicas de los municipios. La meta es construir un diagnóstico común y generar propuestas concretas para detener el abandono de fincas, sostener el empleo rural y preservar el movimiento económico de la Zona Este.
La entrevista completa con Mario Doña y los detalles de la convocatoria pueden verse en las plataformas digitales de Ciudad FM.
