Casi una cuarta parte de los metros cuadrados construidos en Mendoza entre 2000 y 2025 se habría ejecutado sin habilitación municipal. Desde el Colegio de Ingenieros advirtieron que la expansión de construcciones clandestinas aumenta la vulnerabilidad de la población en una provincia con elevada actividad sísmica.
Daniel Di María, presidente de la entidad, explicó en Antes de Ver el Sol que el análisis se realizó a partir de información publicada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza.
Según detalló, el porcentaje de construcciones clandestinas mostró un crecimiento sostenido durante los últimos 25 años. En 2000 representaban aproximadamente el 16% del total anual, mientras que en 2025 habrían alcanzado cerca del 30%.
Al considerar todo el período comprendido entre 2000 y 2025, las edificaciones ejecutadas sin autorización representarían aproximadamente el 24%, una cifra cercana a uno de cada cuatro metros cuadrados.
“En 2025, las construcciones clandestinas representaron alrededor del 30% de lo construido durante ese año”, señaló Di María.
El informe analizado por la entidad menciona alrededor de 5,5 millones de metros cuadrados construidos sin habilitación en la provincia. Para dimensionar el impacto, el ingeniero realizó un cálculo hipotético: si esa superficie correspondiera a viviendas de 100 metros cuadrados, equivaldría a unas 50.000 casas.
Si en cada una vivieran cuatro personas, aproximadamente 200.000 habitantes podrían encontrarse expuestos a un riesgo adicional. Di María aclaró que se trata de una proyección destinada a dimensionar la superficie involucrada, no de un registro nominal de viviendas y habitantes.
“Podríamos estar hablando de 200.000 personas con un riesgo adicional al que ya tenemos todos por vivir en una zona sísmica”, explicó.
El problema no reside únicamente en la ausencia de un trámite administrativo. Una obra sin permiso puede haber sido ejecutada sin cálculo estructural, sin documentación técnica, sin intervención de un profesional habilitado y sin controles municipales durante su construcción.
Para que una vivienda responda correctamente ante un sismo, necesita una estructura diseñada específicamente según sus dimensiones, distribución, aberturas y características. Ese cálculo determina qué cimientos, columnas, vigas, armaduras y bases necesita cada edificio.
Di María remarcó que no existe una solución estructural universal. Cada construcción requiere un análisis particular realizado por profesionales que conozcan las normas antisísmicas y puedan verificar su ejecución.
Durante la entrevista conducida por Hugo Lombardi en Ciudad FM 90.5, el presidente de la entidad advirtió que una construcción informal no representa un riesgo exclusivamente para quienes la habitan.
Una pared, parte de un techo, un tanque de agua o cualquier otro elemento puede caer sobre una vivienda vecina, la vereda o la vía pública. Por eso, consideró que la responsabilidad frente a una obra insegura también alcanza a terceros.
“No solamente queda expuesto quien construyó: una parte puede caer sobre un vecino y dañar a otras personas”, afirmó.
Di María cuestionó particularmente las moratorias municipales que permiten registrar edificaciones ejecutadas previamente sin autorización. Según sostuvo, esos mecanismos pueden incorporar metros cuadrados a los registros municipales, pero no necesariamente transforman una construcción insegura en una edificación que cumple las normas.
En algunos casos, los propietarios presentan un croquis o un plano de relevamiento y la construcción queda registrada. Sin embargo, ese documento puede limitarse a mostrar las dimensiones y distribución de los ambientes sin incluir información sobre columnas, vigas, bases, armaduras u otros elementos estructurales.
“Que una casa quede registrada en el municipio no significa que haya cambiado su condición de inseguridad”, advirtió.
El ingeniero consideró que esa situación puede generar confusión durante la compraventa de una propiedad. Una persona puede recibir documentación con sellos municipales e interpretar que la vivienda fue construida correctamente, aunque en realidad solo haya sido relevada después de su ejecución.
Di María aclaró que una obra clandestina puede haber sido realizada correctamente de manera casual, pero la falta de controles impide garantizar que cumpla los reglamentos vigentes.
Por ese motivo, recomendó que quienes estén evaluando comprar una vivienda soliciten, además del plano de mensura, toda la documentación correspondiente a la obra.
Si el documento presentado es un plano de relevamiento, aconsejó consultar a un profesional para analizar la construcción y verificar si existen datos estructurales suficientes.
“Si aparece un plano de relevamiento, hay que comenzar a consultar sobre la seguridad del edificio”, explicó.
El presidente de la entidad distribuyó responsabilidades entre quienes deciden construir sin permiso y los organismos encargados de controlar. Reconoció que muchas familias pueden optar por la informalidad debido a la necesidad económica, la burocracia o la intención de reducir costos.
Sin embargo, también sostuvo que los municipios deben detectar obras en ejecución y verificar si cuentan con la autorización correspondiente. Para Di María, la falta de inspectores en las calles debilitó los controles preventivos.
Una señal visible puede ser la presencia de materiales de construcción frente a un terreno sin el correspondiente cartel de obra. Según explicó, esa situación debería motivar una inspección para conocer si la edificación se encuentra autorizada.
También cuestionó que las moratorias periódicas puedan producir el efecto contrario al buscado. Si las personas consideran que en el futuro podrán registrar fácilmente una obra terminada, disminuye el incentivo para iniciar previamente un expediente técnico.
“Mendoza está construyendo una parte de su propia vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos”, expresó Di María.
El entrevistado evitó establecer cuándo podría producirse un terremoto importante, pero recordó que Mendoza no está exenta por su ubicación y antecedentes. Puede ocurrir en un período breve o dentro de muchos años, por lo que consideró indispensable sostener la prevención.
La provincia cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de normas antisísmicas. Di María recordó que las primeras recomendaciones estructurales locales comenzaron a elaborarse en la década de 1920 y fueron actualizadas a partir de la experiencia recogida en terremotos ocurridos en diferentes partes del mundo.
Las normas vigentes, elaboradas y actualizadas con la intervención de organismos especializados, no garantizan que una estructura sea completamente invulnerable, pero tienen como objetivo principal proteger vidas.
El punto débil aparece cuando las edificaciones no se diseñan ni ejecutan conforme a esas reglas.
El supuesto ahorro económico también fue analizado. Di María estimó que evitar permisos, documentación y honorarios profesionales puede representar inicialmente entre un 5% y un 8% del costo.
No obstante, sostuvo que ese ahorro puede desaparecer durante la misma obra si se construye incorrectamente una pared, se abre una ventana en un lugar inadecuado o deben repararse errores que un profesional habría previsto.
A esos gastos se suman los daños que pueden aparecer ante un sismo, incluso cuando no sea de gran magnitud. Grietas, deformaciones y reparaciones posteriores pueden superar el costo inicial de realizar la documentación y contar con asesoramiento.
“Lo que parece un ahorro momentáneo puede terminar costando mucho más”, resumió.
Para construir formalmente, el propietario debe contratar a un profesional habilitado que prepare la documentación técnica y presente el expediente ante el municipio. La autoridad municipal revisa que el proyecto cumpla las normas y posteriormente debe controlar que la ejecución coincida con los planos aprobados.
Di María reconoció que los trámites municipales suelen ser lentos, engorrosos o burocráticos. Consideró que los municipios también necesitan mejorar esos procedimientos, aunque remarcó que esa dificultad no elimina la necesidad del permiso.
La entidad envió el informe y sus observaciones a los intendentes y al Gobierno provincial. También mantiene contactos con otras organizaciones vinculadas con la construcción para promover acciones conjuntas.
El objetivo es advertir a la sociedad y generar una reacción de las autoridades frente a una tendencia que, según los datos analizados, empeoró durante los últimos años.
La concientización representa otro componente central. Las personas necesitan conocer que construir sin documentación no es solo una infracción administrativa, sino una decisión que puede comprometer su seguridad y la de terceros.
Durante la entrevista apareció además un dato oficial que Di María calificó como llamativo: La Paz habría registrado cero metros cuadrados construidos durante 2024 y 2025.
El ingeniero aclaró que esa cifra no permite afirmar directamente que todas las obras hayan sido clandestinas. Sin embargo, consideró difícil que durante dos años no se haya construido ninguna vivienda, habitación, cochera, galpón o ampliación.
La ausencia de metros declarados abre interrogantes sobre el nivel de registro y control, aunque la información disponible no discrimina cuántas obras informales corresponden a cada departamento.
Di María explicó que los datos provinciales contienen información general por municipio y tipo de construcción, pero no encontraron una distribución departamental precisa de los metros ejecutados clandestinamente.
El mensaje final para quienes planean construir fue iniciar el proceso con asesoramiento profesional, presentar la documentación y exigir el control municipal. Aunque demande tiempo y tenga un costo inicial, ese recorrido permite reducir errores y aumentar la seguridad de la edificación.
La entrevista completa con Daniel Di María puede verse en las plataformas de Ciudad FM.