Gabriel Bravo vinculó esa situación con la caída de las ventas y con dificultades que, según su análisis, afectan desde hace años a la estructura productiva provincial. También describió una campaña de la entidad para visibilizar el cierre de comercios.
El presidente de APYME en Mendoza, Gabriel Bravo, estimó que alrededor de 3.000 pequeñas y medianas empresas cerraron en la provincia durante los últimos dos años. En su análisis, la cifra se inscribe en una caída de la actividad que acompaña la situación nacional y se combina con problemas que el entramado productivo mendocino arrastra desde hace más tiempo.
Bravo expuso esa evaluación en Antes de Ver el Sol, con Hugo Lombardi y Susana Gomez. Describió un panorama delicado para las pymes y sostuvo que el deterioro no puede explicarse únicamente por el funcionamiento de los comercios: también lo relacionó con transformaciones en la producción agroindustrial y con la pérdida de actividad en sectores que demandan servicios y trabajo a otras empresas.
El dirigente planteó que Mendoza atraviesa desde hace aproximadamente doce años un debilitamiento de su matriz productiva agrocomercial y agroindustrial. Según explicó, cuando esa base se contrae, el impacto se extiende a negocios dedicados al mantenimiento, la provisión de servicios, la venta de maquinaria y otras tareas vinculadas con la producción.
En ese marco, cuestionó la orientación de políticas que, a su entender, no compensaron las dificultades del agro. Mencionó la pérdida de rentabilidad de productores, la reducción de herramientas de acompañamiento y los cambios en tierras que dejan de destinarse a actividades productivas. Atribuyó parte de ese proceso al avance de desarrollos inmobiliarios sobre espacios antes vinculados con el trabajo rural.
Bravo también discutió la posibilidad de que el turismo reemplace por sí solo la actividad que se pierde en otros sectores. Sostuvo que la provincia no cuenta con infraestructura suficiente para que esa apuesta compense el deterioro que observa en la agroindustria. Su planteo apuntó a la relación entre las distintas ramas económicas y a las consecuencias que una caída de producción tiene sobre el conjunto de las pymes.
Respecto de los cierres, señaló que las empresas pequeñas suelen carecer del respaldo económico necesario para trasladarse a otra provincia o buscar una nueva localización. Por esa razón, diferenció la situación de una pyme de la capacidad de reorganización que puede tener una compañía de mayor tamaño. Según indicó, en muchos casos el cierre implica directamente dejar de trabajar.
Como parte de la respuesta de APYME, describió una campaña nacional que busca hacer visibles los locales que bajaron sus persianas. La iniciativa consiste en colocar fajas en comercios cerrados o con carteles de venta o alquiler para expresar el posicionamiento de la entidad frente al modelo económico. El dirigente mencionó acciones en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento que acompaña esa campaña, explicó, también permitió identificar negocios que todavía funcionan, pero cuyos propietarios ya ofrecen el inmueble o la actividad en venta. Bravo interpretó esas situaciones como una señal de dificultades que no siempre se advierten al observar únicamente los locales cerrados. Indicó que esa experiencia impulsa a la organización a ampliar sus observaciones sobre la actividad barrial.
En el plano nacional, consideró que el número de cierres se encuentra más cerca de los 40.000 que de los 30.000 mencionados al comienzo de la entrevista. También aludió a una estimación de 33 pymes que cierran por día. Esas cifras fueron expresadas por el titular de APYME Mendoza como parte de su diagnóstico sobre la evolución del sector.
La conversación incluyó el efecto de la caída del poder adquisitivo sobre el consumo. Bravo sostuvo que las familias están comprando menos y eligiendo marcas más económicas. Frente a una consulta sobre las plataformas de venta, no ubicó a ese cambio de canal como la explicación principal del problema: puso el acento en la reducción de los recursos disponibles para comprar.
También cuestionó el nivel del tipo de cambio y la competencia de productos importados. Según su interpretación, esas condiciones dificultan la continuidad de actividades industriales locales. Durante la entrevista mencionó problemas en ramas alimentarias, químicas y textiles para ilustrar la amplitud de las dificultades que observa en la producción.
Otro de los temas fue el rechazo de cheques y su relación con la cadena de pagos. Bravo afirmó que ese indicador aumentó un 50% en lo que va del año y mencionó un registro nacional de 150.000 cheques rechazados en el último mes, de los cuales 111.000 corresponderían a pymes. El dirigente presentó esos datos como una señal del estrés financiero que atraviesan las empresas.
Consultado por la vitivinicultura, vinculó las dificultades de pago con la pérdida de actividad y reiteró sus críticas a la respuesta del gobierno provincial. Su evaluación puso en relación la situación de los productores con la de proveedores y comercios que dependen de ese movimiento económico. De ese modo, describió un problema que, a su entender, atraviesa distintos eslabones de la economía mendocina.
Al abordar posibles salidas, Bravo planteó que asistir a quienes están endeudados requiere recursos y recuperación de ingresos. Sin embargo, señaló que una pyme con menores ventas y producción tiene limitaciones para aportar ese dinero. Su diagnóstico relacionó las dificultades de las empresas con el retroceso de la capacidad de compra y la necesidad de sostener la actividad productiva.