En el programa Antes de ver el sol, conducido por Hugo Lombardi, el consultor Rubén Zavi, director de RZ Consultora, presentó un relevamiento sobre la percepción social de los impuestos en Mendoza que deja datos contundentes: la presión impositiva es vista como excesiva por la gran mayoría de la población.

El estudio, realizado sobre más de 1.100 casos en la provincia, muestra que el 77% de los mendocinos considera que los impuestos son “demasiado altos”, mientras que otro 14% los califica como “algo altos”. En conjunto, más del 90% manifiesta algún grado de rechazo al actual esquema tributario.

Zavi explicó que la presión fiscal en Argentina ronda el 29% del PBI y que el impacto en los bolsillos se ha intensificado con la quita de subsidios y el aumento de tarifas, que hoy representan entre el 10% y el 20% del ingreso según el nivel socioeconómico.

En ese contexto, el reclamo por una reducción de impuestos gana terreno: el 70% de los encuestados aseguró que prefiere pagar menos tributos, incluso si eso implica un Estado con menos recursos. Entre los votantes del presidente Javier Milei, ese porcentaje asciende al 95%.

El IVA aparece como el principal impuesto a reducir, seguido por los tributos al trabajo y la producción. Según el consultor, esto se explica porque el IVA impacta de manera directa en toda la población, independientemente de su situación laboral.

Sin embargo, Zavi advirtió que cualquier reforma impositiva deberá contemplar el equilibrio entre la reducción de la carga fiscal y el sostenimiento de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Además, señaló que la discusión también atraviesa a provincias y municipios, en medio de tensiones por la coparticipación y la necesidad de financiamiento estatal.

En el marco de la apertura del año judicial en Mendoza, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, presentó datos sobre el funcionamiento del sistema judicial y destacó una fuerte caída en la litigiosidad durante el último año. Sin embargo, su discurso no pasó desapercibido: un mensaje directo a la prensa y a quienes cuestionan la independencia judicial generó repercusiones y tensiones internas.

Garay sostuvo que Mendoza dejó de ser uno de los distritos con mayor cantidad de conflictos judiciales, al registrar una reducción sostenida en el ingreso de causas. Según detalló, hace ocho años ingresaban cerca de 500.000 expedientes al sistema, mientras que en 2025 la cifra descendió a 1.300 causas cada 100.000 habitantes, lo que implica una baja del 32%.

No obstante, el foco del debate se trasladó rápidamente a sus declaraciones sobre el rol de los medios. El magistrado exhortó a la “prensa libre” a actuar con responsabilidad al abordar temas vinculados a la independencia judicial y pidió que las denuncias se realicen con precisión, señalando casos concretos.

Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a cuestionamientos recientes, entre ellos los del ex presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, quien había planteado dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces en función de su origen político. Garay calificó esos argumentos como “livianos” cuando no están respaldados por fallos específicos.

En ese contexto, también se reavivó el debate sobre la designación de jueces en Mendoza, recordando que el propio Garay fue impulsado en su momento por el actual gobernador, Alfredo Cornejo, una práctica que —según se señaló— se ha repetido en distintas gestiones.

Por su parte, el juez de la Corte José Valerio aportó otra mirada al debate, remarcando que la independencia judicial debe ser un principio individual de cada magistrado. En sus declaraciones, sostuvo que los jueces deben resolver conforme a la Constitución y la ley, sin responder a posturas personales, ideológicas o políticas.

Valerio también defendió el valor del debate público dentro del sistema democrático y consideró necesario que las decisiones judiciales sean discutidas abiertamente. En ese sentido, dejó planteada la expectativa sobre futuras aclaraciones por parte de Garay respecto a sus dichos, en un clima que evidencia tensiones dentro del máximo tribunal provincial.

El interés por viajar al próximo Mundial generó un fuerte aumento en las consultas para tramitar la visa estadounidense. Así lo confirmó Pablo Jalif, encargado del área Visas de la organización Amicana, quien advirtió sobre la necesidad de iniciar el trámite con anticipación.

Según explicó, la demanda creció notablemente en las últimas semanas, con un promedio de entre 10 y 20 consultas diarias, tanto de manera presencial como a través de canales digitales.

“El Mundial está a la vuelta de la esquina y los turnos se están dando con demora, por eso es clave arrancar el trámite cuanto antes”, señaló.

En ese sentido, detalló que actualmente los turnos para la entrevista en la Embajada de Estados Unidos se otorgan con una espera de entre un mes y un mes y medio, lo que obliga a quienes planean viajar a organizarse con tiempo.

En cuanto a los costos, Jalif precisó que el arancel consular tiene un valor de 185 dólares, a lo que se suma el servicio de gestión de Amicana, que ronda los 50 dólares. Además, quienes deban viajar a Buenos Aires para completar el proceso deben contemplar gastos adicionales, como el envío del pasaporte, que actualmente cuesta alrededor de 23 mil pesos.

El fenómeno no solo involucra a jóvenes, tradicionalmente más interesados en este tipo de eventos, sino también a adultos mayores que buscan vivir la experiencia mundialista.

Desde el sector recomiendan no demorar la gestión para evitar inconvenientes con los tiempos y poder organizar con anticipación tanto la compra de pasajes como la estadía.

En la provincia de Mendoza se dictó una condena considerada histórica en materia de maltrato animal, marcando un precedente en la protección de los derechos de los animales. Así lo destacó el abogado Jerónimo Allende, representante de una asociación proteccionista, quien celebró el avance judicial.

En declaraciones radiales en el programa Antes de Ver el Sol, el letrado remarcó que la Justicia viene evidenciando un cambio de paradigma en la forma de abordar estos casos. “Los animales dejaron de ser considerados objetos para pasar a ser seres sintientes”, explicó.

El fallo establece una condena de dos meses y un día de prisión efectiva, superando ampliamente el mínimo previsto por la legislación vigente. En ese sentido, Allende señaló que, si bien la ley actual es antigua y contempla penas bajas, la resolución representa un avance significativo.

Además, los perros víctimas del caso quedaron definitivamente bajo la custodia de la organización proteccionista PEMPA, lo que garantiza su resguardo y bienestar. La sentencia también incluye la inhabilitación del condenado para tener animales y una prohibición de acercamiento a denunciantes y testigos.

El abogado destacó que este tipo de resoluciones no solo hacen justicia en un caso puntual, sino que también sientan precedentes importantes para el futuro. “Marca un camino, como ya ocurrió en causas vinculadas a caballos”, afirmó.

Por último, hizo hincapié en el rol de la sociedad en la denuncia de estos hechos: involucrarse y dar aviso a las autoridades resulta clave para que la Justicia pueda actuar y avanzar en la protección de los animales.

En el programa Antes de ver el sol, conducido por Hugo Lombardi, el abogado ambientalista Marcelo Romano expresó un fuerte rechazo al proyecto de modificación de la ley de glaciares que se debate en el Congreso.

Durante la entrevista, Romano cuestionó duramente la iniciativa al considerar que representa un retroceso en materia ambiental y una amenaza directa a los recursos hídricos del país. En ese sentido, advirtió que la posible aprobación permitiría avanzar con actividades mineras en zonas sensibles, incluyendo áreas glaciares y periglaciares.

El especialista explicó que los glaciares ocupan una porción mínima del territorio nacional, pero cumplen un rol fundamental en la provisión de agua, especialmente en regiones áridas como Mendoza. Según detalló, estos reservorios naturales son clave para el abastecimiento hídrico y su alteración podría generar consecuencias irreversibles.

Además, sostuvo que el proyecto implicaría una flexibilización de los controles ambientales, otorgando a las provincias la potestad de definir la relevancia de cada glaciar, lo que, a su entender, abre la puerta a decisiones discrecionales.

Romano también cuestionó el argumento del desarrollo económico asociado a la minería, señalando que en otras provincias donde ya se implementó este modelo no se registraron mejoras significativas en la calidad de vida, sino, por el contrario, problemas de contaminación y deterioro ambiental.

Finalmente, alertó que las decisiones que se adopten tendrán un impacto directo en las futuras generaciones, al comprometer uno de los recursos más valiosos: el agua.