El fiscal Mariano Carabajal confirmó que uno de los siete imputados por la sustracción de combustible en la Municipalidad de Junín fue condenado mediante un juicio abreviado, mientras los otros seis deberán enfrentar un debate oral. También reveló que la investigación por el presunto robo de combustible en Rivadavia se encuentra en una etapa avanzada y aclaró que las pruebas reunidas siguen vigentes pese a las modificaciones realizadas en las imputaciones.

La investigación judicial por la presunta sustracción de combustible en la Municipalidad de Junín registró una novedad importante: uno de los imputados aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una condena, mientras otros seis acusados continúan a la espera de un debate judicial.

La información fue confirmada por el fiscal Mariano Carabajal durante una entrevista con Hugo Lombardi en el programa Antes de Ver el Sol, de Ciudad FM 90.5.

El funcionario judicial también brindó precisiones sobre la investigación que se desarrolla en Rivadavia por hechos de características similares, una causa que, según aseguró, se encuentra avanzada y próxima a completar su etapa investigativa.

El caso de Junín comenzó a adquirir relevancia pública en febrero de 2024, cuando el senador David Sáez denunció presuntas irregularidades vinculadas con el consumo y la administración de combustible de vehículos municipales.

A partir de aquella presentación se inició una investigación que posteriormente contó con la intervención activa de la Municipalidad de Junín.

Según explicó Carabajal, el municipio no solamente participó como querellante, sino que también aportó elementos de prueba que permitieron profundizar el trabajo judicial.

El fiscal destacó que se trató de una investigación extensa y compleja, que incluyó numerosas escuchas telefónicas, pericias contables y declaraciones testimoniales.

Esos elementos formaron parte del material reunido para sostener la acusación contra siete personas.

Durante la entrevista, Carabajal confirmó que uno de los imputados, identificado como Ávila, aceptó participar de un juicio abreviado y reconoció su intervención en la sustracción de combustible.

La condena, según informó el fiscal, fue de un año de prisión por malversación de caudales públicos.

También mencionó consecuencias vinculadas con la posibilidad de ejercer cargos públicos durante un período de diez años, aunque el tramo de la transcripción correspondiente a los términos exactos de esa restricción requiere corroboración con la sentencia judicial.

Carabajal precisó que el condenado cumplía funciones como chofer.

Respecto de las razones que llevaron a Ávila a aceptar el procedimiento abreviado, explicó que la decisión estuvo relacionada con el material probatorio reunido y con las posibilidades previstas por la legislación penal.

Según el fiscal, aceptar voluntariamente la responsabilidad puede ser considerado al momento de determinar una pena, dentro de los parámetros establecidos por el Código Penal.

El procedimiento permitió resolver la situación judicial de ese imputado sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo.

Sin embargo, la causa continúa abierta respecto de las otras seis personas acusadas.

Carabajal explicó que esos imputados no aceptaron el acuerdo y que, por lo tanto, deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente, donde podrán ejercer su defensa.

También señaló que deberá intervenir otro magistrado, ya que la jueza que resolvió el procedimiento abreviado emitió una sentencia vinculada con los hechos investigados.

Según explicó, esa circunstancia obliga a realizar una nueva designación judicial para garantizar las condiciones necesarias del debate respecto de los acusados restantes.

La fecha del juicio todavía no estaba definida al momento de la entrevista.

El fiscal aclaró que su fijación corresponde al órgano judicial encargado del proceso y no depende directamente de la Fiscalía.

También confirmó que el debate será público y oral, por lo que los elementos probatorios podrán ser expuestos y analizados durante las audiencias correspondientes.

Uno de los aspectos más importantes de la investigación fue el análisis del funcionamiento del parque automotor municipal.

Carabajal aseguró que los vehículos utilizados por el área investigada presentaban una situación llamativa: los cuentakilómetros se encontraban dañados.

Según la hipótesis de la Fiscalía, esa circunstancia habría permitido dificultar el control sobre las distancias recorridas y justificar consumos de combustible superiores a los correspondientes.

El funcionario explicó que la coincidencia de los desperfectos, el período investigado y la información obtenida mediante escuchas telefónicas constituyen elementos que sustentan la acusación.

En ese contexto, sostuvo que la Fiscalía considera que existió una actuación coordinada entre varios de los imputados.

También mencionó que las comunicaciones intervenidas contenían referencias a posibles maniobras destinadas a justificar consumos elevados de combustible y a cuestiones vinculadas con movimientos de dinero.

La Fiscalía continúa sosteniendo esa hipótesis respecto de los acusados que todavía deben ser juzgados, por lo que su responsabilidad individual deberá determinarse en el debate oral.

Durante la conversación, Carabajal explicó que el consumo de combustible registrado presentaba diferencias importantes entre un período y otro.

Según señaló, el gasto prácticamente se había duplicado, una variación que llamó la atención y constituyó uno de los indicadores considerados durante la investigación.

Sin embargo, aclaró que no recordaba en ese momento la cifra exacta de litros ni el monto económico total del perjuicio.

Indicó que esos valores fueron objeto de pericias contables y que se encuentran determinados dentro del expediente.

Por esa razón, no proporcionó una suma económica concreta durante la entrevista.

Otro de los interrogantes planteados fue si la investigación había permitido establecer la participación de funcionarios de mayor jerarquía.

Carabajal respondió que, hasta ese momento, no habían surgido elementos que permitieran atribuir responsabilidad penal a autoridades superiores dentro del caso de Junín.

El fiscal aclaró que la investigación no excluyó de antemano a ninguna persona y que se realizaron intervenciones telefónicas durante un período superior a seis meses.

También informó que el expediente acumuló más de quince cuerpos de actuaciones, como resultado de la cantidad de pruebas reunidas.

No obstante, sostuvo que los elementos disponibles hasta ese momento no habían permitido identificar responsabilidades penales de funcionarios de mayor rango.

La entrevista también abordó el destino del combustible presuntamente sustraído.

Carabajal explicó que la investigación no pudo reconstruir de manera precisa dónde se habría almacenado o qué utilización final se le habría dado.

Aclaró que muchas de las escuchas telefónicas se realizaron después de que los hechos denunciados ya habían ocurrido, por lo que estaban relacionadas principalmente con comportamientos posteriores y presuntos intentos de justificar las irregularidades.

Respecto de la posibilidad de recuperar el perjuicio económico, el fiscal señaló que la Municipalidad de Junín deberá impulsar las acciones civiles correspondientes.

Explicó que la condena penal y la obligación de reparar económicamente un daño pertenecen a ámbitos judiciales diferentes.

Por lo tanto, una eventual devolución de recursos deberá determinarse mediante las actuaciones que correspondan en la justicia civil.

Carabajal también distinguió entre el proceso penal y los procedimientos administrativos que pudieran haberse iniciado dentro del municipio.

La situación laboral de los empleados involucrados y las decisiones vinculadas con sumarios administrativos, aclaró, son asuntos que deben resolver las autoridades municipales mediante los mecanismos establecidos.

La justicia penal, en cambio, tiene la responsabilidad de establecer si existieron delitos y determinar las responsabilidades de los acusados.

En relación con las posibles penas para los seis imputados restantes, el fiscal anticipó que la acusación podría solicitar sanciones superiores a la acordada con Ávila.

Sin embargo, remarcó que la decisión final corresponde a los jueces y que deberán considerarse las circunstancias individuales de cada acusado y las pruebas incorporadas durante el juicio.

También explicó que el cumplimiento efectivo o condicional de una eventual pena constituye una facultad judicial.

Por esa razón, evitó anticipar cuál podría ser el resultado definitivo del proceso.

La entrevista avanzó luego hacia otra investigación de particular interés para los vecinos de la Zona Este: la causa por presuntas irregularidades con combustible en la Municipalidad de Rivadavia.

Carabajal confirmó que también se encuentra a cargo de ese expediente y aseguró que la investigación presenta avances importantes.

Ante la consulta sobre versiones que señalaban que la causa había vuelto a comenzar desde cero, el fiscal negó esa interpretación.

Explicó que una jueza había considerado necesario precisar mejor la descripción de los hechos atribuidos a los imputados, con el objetivo de garantizar adecuadamente su derecho de defensa.

Por esa razón se ordenó realizar nuevamente determinadas imputaciones, pero aclaró que esa decisión no significó la anulación de toda la investigación.

Según precisó, las pruebas reunidas continuaron vigentes y la Fiscalía siguió incorporando nuevos elementos.

También mencionó que se trata de una causa compleja, con varios involucrados y características diferentes de las observadas en Junín.

El fiscal confirmó que entre las personas imputadas se encuentran trabajadores vinculados con el expendio de combustible en estaciones de servicio y choferes.

No obstante, aclaró que no recordaba de memoria la cantidad exacta de imputados y que debía consultar el expediente para proporcionar ese número.

Carabajal manifestó que la causa de Rivadavia se encuentra en una etapa muy avanzada y que la Fiscalía continúa desarrollando las medidas probatorias necesarias.

También explicó que la finalización de la investigación depende de las actuaciones solicitadas por las distintas partes, ya que deben producirse las pruebas que correspondan.

Por lo tanto, evitó establecer una fecha concreta para la conclusión del expediente.

Las declaraciones del fiscal permitieron conocer dos situaciones judiciales diferentes.

En Junín, la causa ya cuenta con una persona condenada mediante un procedimiento abreviado y otros seis imputados que deberán enfrentar un juicio.

En Rivadavia, la investigación continúa en desarrollo y todavía no se anunció una resolución definitiva.

El funcionario destacó que el trabajo judicial busca establecer responsabilidades a partir de pruebas y que las decisiones finales deberán adoptarse en las instancias correspondientes.

De esta manera, los avances informados representan una nueva etapa en las investigaciones sobre la administración de combustible municipal en la Zona Este, mientras permanece pendiente la resolución judicial de las acusaciones que todavía no fueron juzgadas.