Mumalá Mendoza advirtió que las demoras judiciales, la reiteración innecesaria de declaraciones y la falta de recursos especializados pueden desalentar las denuncias por violencia de género. La organización también reclamó mayor rapidez en la entrega de dispositivos de protección y más presencia estatal en el territorio.
Luisina Blanco, coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana en Mendoza, sostuvo que la respuesta ante una denuncia no debería limitarse a una restricción de acercamiento o un botón antipánico. En una entrevista con Hugo Lombardi y Antonella Prandina en el programa Antes de ver el Sol, por Ciudad FM 90.5, afirmó que las mujeres necesitan acompañamiento, seguimiento y medidas capaces de actuar antes de que se produzca una nueva agresión.
Según explicó, la organización observó una disminución en la cantidad de denuncias a partir de la instalación pública de discursos relacionados con las falsas acusaciones. Blanco aclaró que este escenario no necesariamente representa una disminución de la violencia, sino que podría reflejar el temor, el cansancio o la desconfianza de las víctimas frente al sistema.
“La Justicia es muy lenta y, en muchas ocasiones, realizar la denuncia es sumamente revictimizante”, señaló.
La referente de Mumalá describió procedimientos extensos, demoras en las pericias y situaciones en las que una mujer debe relatar varias veces los mismos hechos ante diferentes organismos. Consideró que podrían utilizarse grabaciones y mecanismos de coordinación para evitar que la víctima deba repetir su experiencia en cada instancia judicial.
También cuestionó algunas respuestas que, según afirmó, todavía reciben las mujeres cuando buscan ayuda, como recomendaciones para realizar terapia de pareja, modificar sus propias actitudes, perdonar al agresor o pensar en sus hijos antes de avanzar con la denuncia.
Para Blanco, esas intervenciones pueden profundizar la revictimización y provocar que una mujer abandone el proceso. La dirigente insistió en que el sistema debe garantizar una escucha profesional, evitar los prejuicios y brindar medidas de protección en el menor tiempo posible.
Consultada sobre el riesgo que implica una denuncia que demora días o semanas en ser atendida, advirtió que la consecuencia más grave puede ser un femicidio. Indicó que existen antecedentes de medidas que llegaron después de que la víctima fuera asesinada y reclamó una actuación más rápida ante indicadores de peligro.
En relación con las herramientas de protección, explicó que las restricciones de acercamiento suelen dictarse con mayor rapidez, pero aseguró que existen demoras para recibir botones antipánico o dispositivos de seguimiento.
De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, Mendoza no contaría con pulseras duales propias y utilizaría equipos facilitados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Blanco atribuyó esta situación al costo de la tecnología y a la falta de una inversión suficiente para ampliar su disponibilidad.
El reclamo también alcanza a los recursos humanos. Mumalá considera necesario contar con más psicólogas, trabajadoras sociales y profesionales formados específicamente en violencia de género.
Blanco aseguró que en distintas dependencias se produjeron despidos o desplazamientos de trabajadoras hacia otras áreas. Según su descripción, esa reducción de personal repercutió directamente en los tiempos de atención.
“Antes solicitaban un turno para el día siguiente y ahora hay una demora de diez días para una entrevista con la psicóloga o la trabajadora social”, afirmó.
La coordinadora aclaró que el hecho de que una profesional sea mujer no garantiza que posea las herramientas necesarias para intervenir en situaciones de violencia. Por eso reclamó personal suficiente, estabilidad en los equipos y capacitación específica.
También sostuvo que el Estado nacional, el Gobierno provincial y los municipios deben fortalecer su presencia territorial. Explicó que muchas mujeres interpretan que acercarse a un área de género equivale automáticamente a realizar una denuncia, cuando esas dependencias también pueden brindar asesoramiento, orientación y acompañamiento.
Respecto de los femicidios, Blanco afirmó que Mumalá contabiliza seis casos en Mendoza en lo que va del año, mientras que las estadísticas oficiales citadas durante la entrevista reconocen cuatro.
“En Mendoza tenemos registrados seis femicidios en lo que va del año; las estadísticas oficiales indican cuatro”, detalló.
La diferencia responde, según explicó, al criterio utilizado por el observatorio: ante una muerte violenta de una mujer, Mumalá considera que debe activarse el protocolo de femicidio y mantiene esa clasificación hasta que la investigación determine lo contrario.
La entrevistada agregó que aproximadamente el 60% de los casos contabilizados habría sido cometido por personas pertenecientes al círculo íntimo de las víctimas, principalmente parejas o exparejas.
De acuerdo con su registro, solamente uno de los femicidios ocurridos durante el año tendría antecedentes de una denuncia previa. Para Blanco, ese dato demuestra las dificultades que existen para reconocer la violencia, pedir ayuda y sostener un proceso judicial contra una persona con la que se compartió un proyecto de vida.
“Los femicidas no son personas desconocidas, sino personas de nuestro círculo íntimo”, expresó.
La referente también se refirió al impacto de los femicidios sobre hijos e hijas. Según los datos nacionales mencionados durante la entrevista, 109 niñas, niños y adolescentes quedaron sin su madre. En aproximadamente el 70% de esos casos también se habría producido una situación de doble orfandad, debido a que el padre quedó privado de libertad o murió.
Otro de los ejes fue el debate sobre las falsas denuncias. Blanco expresó el rechazo de Mumalá a un proyecto presentado por el diputado Gustavo Cairo y sostuvo que la legislación argentina ya contempla sanciones para quienes realizan acusaciones falsas.
Según las estadísticas judiciales citadas por la entrevistada, las denuncias falsas relacionadas con violencia de género o delitos contra la integridad física representarían el 0,06% del total. También afirmó que la mayor cantidad de denuncias falsas estaría vinculada con delitos contra la propiedad.
Blanco remarcó, además, que la violencia de género no pertenece a un determinado sector económico o educativo.
“La violencia de género es transversal a todas las clases sociales”, afirmó.
Según explicó, pueden cambiar las formas en que se manifiestan las agresiones. En determinados contextos económicos pueden adquirir mayor relevancia la manipulación, el control patrimonial o la violencia económica, pero ninguna clase social se encuentra exenta.
En otro tramo de la entrevista, los conductores consultaron a Blanco por una denuncia contra un funcionario provincial y la posible existencia de privilegios vinculados con posiciones de poder. La referente sostuvo que, a su entender, la Justicia debería actuar sin diferencias y expresó una opinión favorable a que se aplicaran medidas restrictivas. La conversación no aportó precisiones sobre el estado procesal de esa causa, por lo que sus declaraciones deben entenderse como la posición manifestada por la entrevistada y no como una determinación judicial.
En cuanto a la situación provincial, Blanco indicó que Mendoza se encontraría levemente por debajo de la media nacional de femicidios. Según los valores que mencionó, la media nacional sería de 0,6 casos cada 100.000 mujeres y la provincia registraría 0,5, ubicándose aproximadamente en el décimo lugar del país.
Finalmente, la coordinadora de Mumalá Mendoza dirigió un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y todavía no se animan a pedir ayuda.
“Lo primero es comprender que no está sola y que no es un problema individual”, remarcó.
Blanco explicó que Mumalá ofrece asesoramiento, acompañamiento y articulación con organismos estatales. Las mujeres que necesiten orientación pueden comunicarse con la organización a través de las redes sociales de Mumalá Mendoza. La entrevista completa puede verse en las plataformas digitales de Ciudad FM.
