Alejandra Benaglia detalló las cifras del informe, pidió políticas públicas de prevención y explicó por qué las denuncias necesitan una respuesta institucional especializada.
La organización La Casa del Encuentro registró 240 víctimas fatales relacionadas con la violencia de género en la Argentina entre enero y el 31 de octubre, de acuerdo con el informe presentado durante una entrevista en Antes de Ver el Sol. Alejandra Benaglia, responsable de comunicación de la entidad, explicó a Hugo Lombardi el alcance de ese dato y reclamó respuestas estatales sostenidas.
Benaglia precisó que el total informado se compone de 207 femicidios de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 24 femicidios vinculados de varones y niños. La distinción es importante porque el total de 240 no equivale exclusivamente a 240 mujeres asesinadas: reúne diferentes categorías del registro de la organización.
La entrevistada indicó además que el reporte no había incorporado hechos posteriores al cierre del período. Durante la charla mencionó nuevos asesinatos conocidos después de esa fecha y una elevada cantidad de tentativas de femicidio denunciadas a lo largo del año. Esas actualizaciones requieren cotejar el comunicado más reciente de la entidad antes de sumar o modificar totales.
Uno de los puntos que remarcó fue el entorno donde ocurren los hechos. Según los datos que citó, el 66% se produjo dentro de la vivienda de la víctima o del hogar compartido. Para Benaglia, esa concentración muestra por qué la violencia de género no puede abordarse como un problema ajeno a los vínculos cotidianos.
La vocera sostuvo que la prevención requiere un trabajo interdisciplinario, con respuestas nacionales y provinciales adaptadas a las necesidades de cada territorio. Señaló la importancia de contar con políticas públicas, presupuesto, acceso a la educación sexual integral y capacitación de los distintos poderes del Estado.
También pidió mejorar la recepción y el seguimiento de las denuncias. Consideró que los dispositivos de protección —como restricciones de acercamiento, botones antipánico, monitoreo y otras medidas que correspondan judicialmente— necesitan una ejecución efectiva y equipos preparados para evaluar cada situación.
Benaglia insistió en que la violencia no debe confundirse con una expresión de amor o con los denominados «crímenes pasionales». En su análisis, las agresiones suelen relacionarse con dinámicas de control, poder y posesión que pueden avanzar durante un período prolongado, incluso sin que existan lesiones físicas visibles al principio.
La conversación abordó barreras económicas que pueden impedir que una persona se aleje de un entorno violento. La representante de la organización destacó el papel de los refugios como espacios de protección y el de los programas de acompañamiento económico para facilitar la autonomía y la posibilidad de reorganizar la vida junto a los hijos.
Sobre la atención institucional, señaló que la capacitación de policías, personal judicial, docentes y profesionales de salud ayuda a identificar señales de alarma y a escuchar a quienes buscan asistencia. Entre esas señales mencionó aislamiento, interrupción de vínculos y cambios persistentes de comportamiento, sin plantear que por sí solos permitan diagnosticar una situación.
Al ser consultada por el endurecimiento de penas, Benaglia explicó que la figura penal agravada sirve también para reconocer la particularidad de estos crímenes, pero advirtió que una respuesta exclusivamente punitiva no reemplaza el trabajo preventivo y de asistencia.
La entrevista concluyó con un llamado a sostener la discusión pública y a acompañar a quienes necesitan pedir ayuda. Las cifras citadas pertenecen al relevamiento de La Casa del Encuentro presentado en el programa y no deben confundirse con estadísticas oficiales judiciales ni con un registro nacional cerrado y definitivo.





































