Editorial: Fer Andrada
El conflicto entre la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y las instituciones de salud privadas de Mendoza vuelve a exponer una realidad tan evidente como peligrosa: un sistema desfinanciado, gestionado políticamente y sostenido por el esfuerzo de clínicas y sanatorios que ya no pueden absorber el impacto de decisiones tomadas sin previsión ni transparencia.
Un pago que nunca llega
Las prestaciones brindadas en agosto —atenciones ya realizadas, insumos ya utilizados, guardias ya trabajadas— deben pagarse en diciembre del mismo año. Todo dentro del calendario habitual de atrasos estructurales que OSEP arrastra desde hace años.
Pero en 2025, incluso ese esquema deteriorado se rompió.
OSEP comunicó que no tiene los recursos para enfrentar los pagos correspondientes, y que la única salida sería gestionar un préstamo a través del Banco Nación.
Hasta aquí, podría pensarse que al menos existe una alternativa.
El problema llega después:
OSEP propone que las clínicas y sanatorios sean quienes absorban el costo financiero del préstamo.
Sí: las instituciones que ya financiaron involuntariamente meses de atención sin cobrar, ahora deberían además pagar intereses para poder cobrar lo que ya trabajaron.
Una paradoja que, en cualquier otro sector económico, sería impensada.
400.000 afiliados sin opción: rehenes de un sistema monopólico
En Mendoza, más de 400.000 empleados públicos y sus familias están obligados por ley a ser afiliados de OSEP.
No pueden elegir otra cobertura.
No pueden migrar ante el deterioro de las prestaciones o los atrasos administrativos.
No tienen derecho a la libre elección como cualquier ciudadano en el resto del país.
Son, literalmente, rehenes de una obra social que no garantiza previsibilidad ni solvencia.
Y cuando las clínicas y sanatorios advierten que están al límite —porque no pueden absorber salarios, insumos, terapias críticas ni infraestructura sin financiamiento— el impacto real recae sobre ellos: los pacientes cautivos.
Desfinanciamiento crónico y administración bajo la órbita de Hacienda
No es posible analizar esta crisis sin mencionar su origen estructural:
OSEP depende directamente de Hacienda para la asignación de partidas.
En la práctica, esto significa que los fondos destinados a prestaciones de salud quedan sujetos a decisiones políticas coyunturales, prioridades cambiantes y ajustes presupuestarios que nada tienen que ver con la realidad sanitaria.
El resultado es conocido:
Atrasos sistemáticos
Prestaciones devaluadas
Demoras crecientes en prácticas complejas
Menor previsibilidad para prestadores
Mayor tensión en un sistema ya sobrecargado
Mientras tanto, los afiliados continúan aportando mes a mes sin garantía de acceso oportuno y digno a la atención médica.
Una propuesta insostenible y políticamente irresponsable
La propuesta de trasladar el costo financiero del crédito a clínicas y sanatorios no solo es injusta, sino imposible de sostener.
En un contexto donde:
✔ Los costos de salud se actualizan mensualmente
✔ Los salarios del personal médico se incrementan
✔ Los insumos tienen valores dolarizados
✔ Las terapias críticas tienen costos crecientes
✔ Y los prestadores ya asumieron meses de retraso
Pretender que las instituciones financien también el déficit de OSEP es colocar al sector privado en un lugar inviable.
Es empujar al límite a quienes sostienen la estructura sanitaria de la provincia.
Es, en los hechos, una transferencia silenciosa de deuda pública al sector privado sanitario.
Y es, también, una decisión política que evita asumir el problema estructural:
OSEP no tiene autonomía financiera ni planificación real.
El riesgo inminente: ruptura de la cadena de atención
Si el conflicto continúa, el escenario posible es dramático:
Reducción de servicios a afiliados de OSEP
Suspensión de prácticas de alta complejidad
Falta de turnos y demoras críticas
Guardias desfinanciadas
Cierre de unidades de internación o guardias nocturnas
Éxodo de profesionales ante la pérdida de poder adquisitivo
Y otra vez, quienes quedan expuestos no son ni los funcionarios ni la obra social:
son los pacientes y sus familias.
Es momento de una reforma profunda
El sistema no aguanta más parches.
No aguanta más decisiones improvisadas.
No aguanta préstamos que trasladan la deuda a quienes ya sostienen el sistema con recursos propios.
Se necesita:
🟦 Autonomía real de OSEP
🟦 Financiamiento transparente
🟦 Calendario de pagos fijo e inamovible
🟦 Libre elección de obra social para los 400.000 afiliados
🟦 Revisión del modelo de administración desde Hacienda
🟦 Una mesa de negociación seria con clínicas y sanatorios
Sin eso, Mendoza corre riesgo de sufrir una crisis sanitaria de magnitud, previsible y evitable, pero que las decisiones políticas podrían agravar.
Porque la salud no puede ser la variable de ajuste.
Y los afiliados no pueden seguir siendo rehenes.
