En el marco de la apertura del año judicial en Mendoza, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, presentó datos sobre el funcionamiento del sistema judicial y destacó una fuerte caída en la litigiosidad durante el último año. Sin embargo, su discurso no pasó desapercibido: un mensaje directo a la prensa y a quienes cuestionan la independencia judicial generó repercusiones y tensiones internas.
Garay sostuvo que Mendoza dejó de ser uno de los distritos con mayor cantidad de conflictos judiciales, al registrar una reducción sostenida en el ingreso de causas. Según detalló, hace ocho años ingresaban cerca de 500.000 expedientes al sistema, mientras que en 2025 la cifra descendió a 1.300 causas cada 100.000 habitantes, lo que implica una baja del 32%.
No obstante, el foco del debate se trasladó rápidamente a sus declaraciones sobre el rol de los medios. El magistrado exhortó a la “prensa libre” a actuar con responsabilidad al abordar temas vinculados a la independencia judicial y pidió que las denuncias se realicen con precisión, señalando casos concretos.
Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a cuestionamientos recientes, entre ellos los del ex presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, quien había planteado dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces en función de su origen político. Garay calificó esos argumentos como “livianos” cuando no están respaldados por fallos específicos.
En ese contexto, también se reavivó el debate sobre la designación de jueces en Mendoza, recordando que el propio Garay fue impulsado en su momento por el actual gobernador, Alfredo Cornejo, una práctica que —según se señaló— se ha repetido en distintas gestiones.
Por su parte, el juez de la Corte José Valerio aportó otra mirada al debate, remarcando que la independencia judicial debe ser un principio individual de cada magistrado. En sus declaraciones, sostuvo que los jueces deben resolver conforme a la Constitución y la ley, sin responder a posturas personales, ideológicas o políticas.
Valerio también defendió el valor del debate público dentro del sistema democrático y consideró necesario que las decisiones judiciales sean discutidas abiertamente. En ese sentido, dejó planteada la expectativa sobre futuras aclaraciones por parte de Garay respecto a sus dichos, en un clima que evidencia tensiones dentro del máximo tribunal provincial.
