Editorial por Fer Andrada
El cierre de la maternidad y del servicio de neonatología del Hospital Saporiti ya no es una posibilidad ni una discusión abierta. Es un hecho. Consumado. Ejecutado bajo el argumento de la “reorganización sanitaria”, pero vivido en Rivadavia como lo que realmente es: una pérdida concreta, un retroceso y un nuevo golpe a la autonomía del sistema de salud local.
A partir de ahora, las mujeres del departamento deberán trasladarse al Hospital Perrupato para dar a luz. Lo que en los papeles se presenta como eficiencia, en la realidad se traduce en distancia, incertidumbre y riesgo, especialmente para quienes viven en zonas rurales y dependen del transporte público.
Sin embargo, lo más grave de esta decisión no se agota en el impacto sanitario.
Lo más grave es el comportamiento político que la hizo posible.
El gobierno provincial encabezado por Alfredo Cornejo y ejecutado por el ministro Rodolfo Montero avanzó con una medida que prioriza indicadores por sobre territorio. Pero esa decisión no hubiera tenido el mismo costo político si hubiese encontrado resistencia real en quienes, siendo de Rivadavia, ocupan espacios de poder dentro de ese mismo esquema.
Y esa resistencia no apareció.
Los diputados Miguel Ronco y Mauricio Di Césare, junto a la actual vicedirectora del hospital y concejal electa Magalí Cozzari, la Subdirectora de Salud del Gobierno de Mendoza y ex directora del Saporiti Carina Copparoni y el Director de los Centros de Salud de la Zona Este, el Magister Gustavo Cabrera todos Rivadavienses, no son espectadores. Son parte del oficialismo que gobierna Mendoza. Son dirigentes que conocen el territorio, las distancias, las necesidades. Y, aun así, no lograron —o no quisieron— frenar una medida que perjudica directamente a su propia comunidad.
Ese posicionamiento deja al descubierto algo más profundo que una simple diferencia de criterios.
Deja al descubierto una elección.
Porque en política, cuando hay conflicto entre el poder y el territorio, hay que elegir de qué lado estar. Y en este caso, la elección parece haber sido clara: preservar el vínculo con el poder antes que defender a Rivadavia.
Ahí es donde aparece la pregunta más incómoda, pero también la más necesaria:
¿hasta dónde puede llegar la ambición de poder?
¿Hasta qué punto el deseo de no perder privilegios, lugares o influencia puede llevar a un dirigente a olvidar los derechos de su propia gente?
Porque lo ocurrido con el Saporiti no es solo una decisión sanitaria. Es la evidencia de cómo la lógica del poder puede desdibujar el compromiso político. De cómo la pertenencia a una estructura puede pesar más que la lealtad a un pueblo.
Cuando eso sucede, la representación se vacía.
Y el dirigente deja de ser defensor para convertirse en ejecutor.
Las advertencias estaban. El neonatólogo Gonzalo Saavedra lo dijo con claridad: sin neonatología no hay maternidad posible. El personal de salud alertó sobre los riesgos de los traslados, sobre los tiempos críticos, sobre la realidad concreta que no aparece en los informes técnicos.
Nada de eso alcanzó.
Porque cuando la decisión ya está tomada desde arriba, lo único que puede cambiar el rumbo es la firmeza política abajo. Y esa firmeza, en este caso, brilló por su ausencia.
El director del hospital, Francisco Boato —que no es rivadaviense— al menos sostiene la medida desde argumentos técnicos. Pero la discusión de fondo no es técnica. Es política. Y es ahí donde el silencio de los dirigentes locales pesa más que cualquier explicación.
Porque no se trata solo de lo que se hizo.
Se trata de lo que no se defendió.
De lo que no se discutió.
De lo que se dejó pasar.
El resultado es innegable: Rivadavia se quedó sin maternidad operativa y sin neonatología. Perdió capacidad de respuesta. Perdió cercanía en la atención. Perdió un derecho básico en nombre de una lógica que no contempla las particularidades del territorio.
Y, sobre todo, quedó expuesta a una dirigencia que, frente a una decisión clave, eligió no dar la pelea.
Cuando el poder vale más que el compromiso, cuando los privilegios pesan más que los derechos, cuando el silencio reemplaza a la defensa, lo que se rompe no es solo un servicio público.
Se rompe el vínculo entre la política y la gente.
Y en esa ruptura, como casi siempre, el que pierde es el pueblo.
Porque acá no hay ingenuidad. Hay complicidad.
Mientras el ministro Rodolfo Montero toma decisiones desde un escritorio, sin comprender —o sin importar— la realidad territorial de Rivadavia, quienes sí conocen cada distrito, cada distancia y cada necesidad, miran para otro lado. Y ese silencio no es neutral: es funcional.
Los diputados Miguel Ronco y Mauricio Di Césare, la actual concejal electa y actual vicedirectora del Hospital Saporiti Magalí Cozzari, todos parte del mismo espacio político que gobierna Mendoza, tenían —y tienen— la obligación moral y política de plantarse. De decir no. De defender a Rivadavia.
No lo hicieron.
Eligieron otra cosa.
Eligieron la obsecuencia.
Eligieron no incomodar al poder.
Eligieron cuidar su lugar antes que cuidar a su gente.
Porque eso es lo que queda expuesto: cuando hay que optar entre el pueblo y los privilegios, eligieron los privilegios. Cuando hay que decidir entre levantar la voz o mantener el cargo, eligieron el cargo. Cuando hay que representar a Rivadavia o responder a la lógica partidaria, eligieron el partido.
Y eso tiene nombre.
Es traición política.
Mientras tanto, las consecuencias son brutales y concretas. Mujeres embarazadas de distritos alejados deberán trasladarse hasta el Hospital Perrupato, combinando colectivos, recorriendo kilómetros, exponiéndose a riesgos innecesarios en uno de los momentos más críticos de sus vidas.
No es teoría. Es realidad.
No es gestión. Es abandono.
Los propios profesionales del hospital lo advirtieron con claridad. El neonatólogo Gonzalo Saavedra fue contundente: sin neonatología no hay maternidad posible. El enfermero Claudio Martínez alertó sobre los riesgos de traslado de recién nacidos en estado crítico. No hablan desde la política. Hablan desde la experiencia, desde años de trabajo, desde el conocimiento real del territorio.
Y sin embargo, sus voces pesan menos que una planilla de Excel.
El director del hospital, Francisco Boato —que ni siquiera es rivadaviense— al menos da la cara para explicar una medida que intenta justificar con criterios técnicos. Pero la verdadera pregunta no es técnica. Es política.
¿Dónde están los rivadavienses con poder?
¿Dónde están los que llegaron a cargos públicos diciendo que iban a defender al departamento?
¿Hasta dónde están dispuestos a olvidar de dónde vienen?
Porque el problema de fondo es ese: el olvido. El olvido de la gente, de las distancias, de las realidades, de las urgencias. El olvido de que detrás de cada “reorganización” hay personas de carne y hueso.
Y también hay algo más crudo, más incómodo, pero necesario de decir: el valor del poder.
¿Cuánto vale un cargo?
¿Cuánto valen los privilegios?
¿Cuánto pesa el alineamiento político frente al honor y la lealtad a un pueblo?
En este caso, la respuesta parece clara. Vale más el poder. Vale más el lugar. Vale más no molestar.
Aunque eso implique dejar a Rivadavia sin maternidad.
Aunque eso implique que una mujer tenga que viajar kilómetros para parir.
Aunque eso implique retroceder años en materia de salud pública.
Rivadavia no solo está siendo golpeada por una decisión provincial. Está siendo abandonada por los propios.
Y cuando los representantes dejan de representar, cuando el silencio reemplaza a la defensa, cuando la obediencia pesa más que la dignidad, la política deja de ser herramienta y se convierte en sometimiento.
Lo del Saporiti no es solo un cierre.
Es una señal.
Y es también una advertencia: cuando los dirigentes eligen el poder por sobre la gente, el precio siempre lo paga el pueblo.
