La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya contaba con media sanción del Senado. El texto, que sufrió modificaciones durante su tratamiento parlamentario, establece una serie de cambios profundos en el régimen laboral argentino y ahora deberá volver a ser analizado por la Cámara alta.
Entre los puntos más relevantes, la iniciativa habilita el pago de salarios en moneda extranjera, aunque de manera opcional y exclusivamente a través del sistema bancario, dejando fuera a las billeteras virtuales. Además, se incorpora la denominada “negociación dinámica”, que permite acordar bonos o premios por productividad por fuera de los convenios colectivos vigentes.
En materia de despidos, el proyecto modifica el cálculo de las indemnizaciones, que ya no incluirán el aguinaldo, las vacaciones ni los premios mensuales. En paralelo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema optativo mediante el cual las empresas podrán aportar mensualmente un porcentaje para conformar fondos de despido: un 1% en el caso de las grandes empresas y un 2,5% para las pymes.
La reforma también propone ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que se respeten 12 horas de descanso entre jornadas y exista un acuerdo entre empleadores y trabajadores. A esto se suma la implementación del banco de horas, que permite compensar horas extras con días libres o jornadas reducidas, en lugar de pagarlas con recargo.
Otro cambio significativo afecta al régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días, manteniendo un descanso de verano cada tres años. En cuanto al derecho a huelga, el proyecto declara esenciales a sectores como comercio, educación, aeronáutica y telecomunicaciones, los cuales deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento incluso durante medidas de fuerza. Además, las asambleas en los lugares de trabajo no podrán frenar la producción y requerirán autorización del empleador, mientras que se refuerzan las sanciones contra el bloqueo de fábricas.
La ley también establece que no existe relación laboral entre las plataformas digitales y sus trabajadores. En ese marco, los repartidores deberán inscribirse en ARCA, realizar sus propios aportes y contar con un seguro contra accidentes. Asimismo, se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos: una vez vencidos, dejarán de tener vigencia, y los acuerdos por empresa pasarán a tener prioridad sobre los convenios nacionales.
Entre los puntos que se mantuvieron, se eliminó el artículo que reducía el salario al 50% durante una licencia médica, garantizando el cobro del 100%. Finalmente, se lanza un blanqueo laboral por seis meses que permitirá a los empleadores registrar trabajadores no declarados sin multas ni acciones penales.
Ahora, el Senado tendrá la última palabra antes del 1 de marzo.
