Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, cuestionó la posible eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario. Advirtió que la medida reduciría los controles profesionales y expondría especialmente a los consumidores con menos recursos.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, manifestó su preocupación ante una posible desregulación de la matriculación obligatoria para desarrollar actividades de intermediación inmobiliaria. Según explicó, el principal riesgo no recaería únicamente sobre los corredores, sino sobre propietarios, compradores e inquilinos que podrían realizar operaciones sin contar con el respaldo de un profesional habilitado.
Durante una entrevista en Hola Gente, programa conducido por Oscar Mila, Celeste González y Pilar Campagnolo por Ciudad FM 90.5, Irrera sostuvo que la discusión debe centrarse en los mecanismos de protección disponibles para el consumidor inmobiliario.
“Lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa es el consumidor”, expresó.
El dirigente diferenció la actividad profesional de las operaciones realizadas directamente entre particulares. Indicó que un propietario ya puede vender o alquilar su inmueble sin la intervención de una inmobiliaria. Por ese motivo, consideró que el debate no pasa por liberar la profesión, sino por eliminar el requisito de matriculación para quienes se dedican habitualmente a intermediar en operaciones inmobiliarias.
Según la caracterización realizada por Irrera durante la entrevista, la propuesta permitiría ejercer la actividad a personas mayores de 18 años con estudios secundarios completos, sin necesidad de contar con matrícula en un colegio profesional.
El entrevistado repasó parte de la historia regulatoria de la profesión. Explicó que desde 1973, mediante la Ley 20.266, ya se exigía estudiar para ejercer como corredor de comercio o martillero. Agregó que en 1999, con la Ley 25.028, comenzó a requerirse un título habilitante otorgado por una universidad y que, posteriormente, la actividad fue incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación.
Para Irrera, la formación universitaria permite adquirir conocimientos fundamentales sobre leyes, planos de mensura, inhibiciones, embargos, hipotecas, sucesiones y documentación registral. Estos elementos resultan necesarios para determinar si una propiedad se encuentra en condiciones legales de ser vendida o alquilada.
También señaló que la matrícula permite identificar al profesional, verificar que cuenta con un domicilio real y confirmar que se encuentra habilitado para ejercer. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza dispone de un registro donde los ciudadanos pueden consultar el estado de cada matrícula.
Además, los profesionales matriculados se encuentran sujetos a un tribunal de ética y disciplina. Frente a una conducta irregular, el consumidor puede realizar una denuncia y el corredor puede recibir sanciones que, en los casos más graves, pueden llegar hasta la pérdida de la matrícula.
Irrera advirtió que, sin ese sistema, una persona perjudicada debería recurrir directamente a la Justicia y afrontar procesos que pueden extenderse durante años. Consideró que esta situación afectaría con mayor intensidad a quienes no cuentan con abogados, contadores o escribanos que los asesoren previamente.
“La gente menos pudiente es la que más va a perder”, afirmó.
El dirigente explicó que una operación inmobiliaria no consiste solamente en encontrar un comprador o conseguir un inquilino. El trabajo profesional también comprende la tasación, el análisis de la documentación y el acompañamiento durante las diferentes etapas de la negociación.
Como ejemplo, indicó que antes de ofrecer una propiedad es necesario verificar si existen embargos, hipotecas, inhibiciones, sucesiones sin concluir u otras situaciones que puedan impedir o condicionar la operación. También se deben comprobar los antecedentes de las personas involucradas y determinar quién posee legalmente la facultad de vender.
En los casos de sucesiones, recordó que pueden existir herederos no declarados o acreedores con derechos sobre el patrimonio. Estos factores pueden pasar inadvertidos para una persona sin formación específica, pero tienen consecuencias directas sobre la validez y la seguridad de la operación.
“Cualquiera que tiene un poquito de chispa puede vender, pero no cualquiera puede acompañar una operación inmobiliaria”, señaló.
Irrera también hizo referencia a la tasación. Explicó que establecer el valor de un inmueble requiere interpretar sus características, condiciones y situación dentro del mercado. Una valuación incorrecta puede provocar que una propiedad quede fuera de precio, demore su venta o genere expectativas que luego no puedan cumplirse.
Durante la conversación se abordó además la posible desregulación de los honorarios profesionales. Según lo expresado por el entrevistado, actualmente la Ley provincial 3043 establece honorarios del 3% para cada parte en una compraventa. Frente al argumento de reducir los costos de una operación, Irrera contrapuso el perjuicio económico que podría ocasionar una estafa o un conflicto judicial.
El dirigente afirmó que el Colegio de Corredores fue creado en Mendoza para brindar referencias y mecanismos de control, no simplemente para sumar un requisito administrativo. Recordó que participó de su fundación y destacó que la institución permite conocer quiénes están habilitados, quiénes suspendieron su matrícula y qué profesionales recibieron sanciones.
También cuestionó el impacto que una eliminación de la matrícula obligatoria tendría sobre quienes actualmente cursan carreras universitarias vinculadas con la actividad. Consideró que significaría desconocer el esfuerzo económico y académico de estudiantes que se preparan para ejercer profesionalmente.
Según lo expresado durante la entrevista, la nueva iniciativa todavía no había sido presentada formalmente. Irrera indicó que un proyecto anterior había sido retirado y que se esperaba una nueva propuesta impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El entrevistado explicó además que, por tratarse de colegios organizados en el ámbito provincial, una eventual modificación nacional también requeriría la adhesión de las provincias.
Irrera remarcó que su oposición no responde únicamente a la defensa laboral del sector. Aseguró que, luego de 44 años de trayectoria, su preocupación central es lo que podría suceder con quienes realizan una operación sin saber cómo verificar la identidad, los antecedentes o la habilitación de la persona que interviene.
“Si me desmatriculan, yo voy a seguir trabajando igual, pero ¿quién protege al consumidor inmobiliario?”, planteó.
Ante la consulta sobre qué deberían hacer propietarios, compradores e inquilinos, recomendó comprobar siempre que el corredor se encuentre matriculado. De esa manera, el ciudadano puede verificar su habilitación y cuenta con una institución ante la cual denunciar posibles incumplimientos.
“Que siempre trabajen con un profesional matriculado”, concluyó.
La entrevista completa con Roberto Irrera en Ciudad FM permite conocer los argumentos de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, los controles que actualmente ofrece la matrícula profesional y los riesgos que el sector advierte ante una eventual eliminación de su obligatoriedad.
