El SUTE explicó un acuerdo con la DGE y Salud para crear una licencia puente cuando un control preventivo requiere nuevas pruebas. Gustavo Correa dijo que la medida alcanza a titulares y suplentes y que se proyectan otras situaciones médicas.
Una nueva modalidad de licencia busca evitar que docentes de Mendoza posterguen estudios médicos por temor a perder parte de sus ingresos. Gustavo Correa, secretario general del SUTE, explicó en ANTES DE VER EL SOL que el gremio, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud acordaron establecer un mecanismo para dar continuidad a las evaluaciones cuando un control preventivo detecta una situación que necesita ser estudiada con mayor profundidad.
El dirigente señaló que el artículo 92 ya contemplaba una jornada para determinados controles de salud. El problema aparecía cuando el primer examen —por ejemplo una mamografía o un estudio de próstata— arrojaba un resultado que exigía otras pruebas antes de confirmar o descartar un diagnóstico. Esos días posteriores podían quedar fuera del beneficio y generar descuentos salariales.
La solución definida fue un código puente que permita acreditar la continuidad de estudios. Correa explicó que se incorporaría una identificación específica, mencionada como 92/1, para que el certificado médico se registre mediante los sistemas de salud laboral y educación. El objetivo es cubrir el período necesario para profundizar una sospecha clínica sin aplicar descuentos por ítems vinculados con asistencia y arraigo, según los alcances del acuerdo.
La medida incluye a docentes titulares y suplentes de todos los niveles, afirmó el secretario general. La intervención médica debe quedar documentada: el profesional que indica nuevos estudios emite la constancia correspondiente y el circuito administrativo permite que la institución educativa registre correctamente el caso. La entrevista no especificó todos los pasos operativos ni una fecha de inicio inequívoca, por lo que cada trabajador deberá corroborarlos en los canales oficiales.
Correa destacó que no se fijó una cantidad rígida de días para todos los casos, porque el tiempo requerido depende del tipo de examen y de la necesidad de avanzar rápidamente hacia una confirmación diagnóstica. Insistió en que la intención principal es facilitar la detección oportuna y reducir el impacto económico de pedir estudios adicionales.
El acuerdo fue presentado como resultado de varios meses de trabajo de una comisión con representantes del SUTE, la DGE y el Ministerio de Salud. Participaron equipos de medicina laboral y especialistas encargados de estudiar cómo aplicar la medida. El dirigente sostuvo que se previó una instancia de revisión posterior para detectar demoras, corregir situaciones no contempladas y ajustar el procedimiento si fuera necesario.
La agenda de discusión no termina en los controles inicialmente previstos. Según Correa, el gremio propuso avanzar más adelante sobre estudios vinculados con colonoscopías, problemas pulmonares, situaciones respiratorias y otras condiciones médicas. Esas ampliaciones fueron mencionadas como temas futuros de trabajo, no como derechos ya incorporados en todos los casos.
Durante la entrevista también se abrió un capítulo salarial. Correa informó que estaba prevista una mesa técnica para la primera semana de noviembre, centrada en la actualización de cargos jerárquicos. Explicó que, cuando los salarios de base se modifican y los adicionales de dirección o vicedirección no acompañan el mismo ritmo, disminuye la diferencia que reconoce mayores responsabilidades.
El secretario general cuestionó asimismo la posición de Mendoza en comparaciones de salarios docentes. Atribuyó parte de la situación a un incremento pendiente de años anteriores y a discrepancias sobre qué ítems corresponde incluir cuando se comparan sueldos entre provincias. Esas afirmaciones expresan la postura gremial y su interpretación de los datos mencionados al aire, no una verificación independiente del ranking.
Para Correa, la discusión de fondo es que una enfermedad o una sospecha diagnóstica no coloque a los trabajadores ante una elección entre cuidarse y preservar sus ingresos. La licencia puente constituye, según sostuvo, un primer avance que deberá evaluarse y ampliarse mediante nuevos acuerdos.