En la última edición del programa «Antes de Ver el Sol», el diputado provincial Jorge Difonso, referente de La Unión Mendocina, abordó con firmeza un tema que ha generado controversia en Mendoza: la adjudicación de pozos de agua en zonas restringidas, particularmente en Luján de Cuyo, por parte del Departamento General de Irrigación.
Difonso denunció la existencia de resoluciones contradictorias firmadas por el propio superintendente Sergio Marinelli. Según relató, en agosto de 2024 se firmó una resolución que prohibía expresamente la perforación de nuevos pozos en una zona crítica de recarga del acuífero. Sin embargo, seis meses después, en febrero de 2025, el mismo funcionario firmó autorizaciones para al menos nueve pozos en esa misma área.
“Estamos hablando de una zona ambientalmente sensible. No es un tema legal, es un tema natural: el acuífero no soporta más extracción”, sostuvo Difonso.
El diputado señaló que las empresas beneficiadas con estos permisos tienen vínculos estrechos con el presidente de la Nación, lo que habría generado un impacto inmobiliario multimillonario: “el valor de esas tierras se disparó en más de 60 millones de dólares al pasar de secas a irrigadas”.
Por esta razón, Difonso pidió que Marinelli comparezca el próximo martes ante la Legislatura provincial para responder un extenso cuestionario. Aunque evitó alinearse por ahora con la propuesta del peronismo de impulsar su destitución, no descartó esa posibilidad: “Queremos escucharlo, ver la documentación, y luego tomaremos decisiones. Pero esto es muy grave”.
El legislador también recordó que, por un caso similar, hace poco más de diez años, otro superintendente tuvo que renunciar, junto con su equipo, por autorizar obras en zonas no permitidas.
Difonso forma parte del Jury de Enjuiciamiento, lo que le otorga un rol clave si se avanza en una eventual remoción. Aclaró que, con mayoría simple de 11 votos entre diputados, senadores y miembros de la Corte, la destitución podría ser efectiva.
El martes próximo será determinante. Difonso y otros legisladores esperan que Marinelli brinde explicaciones y respalde con documentos una decisión que ha levantado sospechas de favorecimiento político, daño ambiental y especulación inmobiliaria.
