Alejandro Martinelli, administrador general de IRID Mendoza (Instituto de Rehabilitación e Integración del Discapacitado), advirtió en diálogo con el programa “Antes de ver el sol” sobre la crítica situación que atraviesa la institución luego del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“La situación es muy complicada. Cada vez se hace más difícil sostener los costos. Desde diciembre no hemos recibido ningún aumento en los aranceles. El último fue del 0,5%”, afirmó Martinelli. IRID funciona como una asociación civil sin fines de lucro, con sedes en Rivadavia y Guaymallén, y no recibe subsidios estatales: se sostiene mediante los pagos que realizan las obras sociales por las prestaciones a personas con discapacidad.
La Ley de Emergencia vetada por el presidente Milei buscaba declarar el estado de emergencia hasta fines de 2027 y proponía, entre otros puntos, la actualización de aranceles, regularización de pagos, reforma del sistema de pensiones no contributivas y cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
Martinelli destacó que, aunque las prestaciones las paga la obra social, muchas de ellas reciben parte de sus fondos del Estado. Sin embargo, los retrasos son constantes: “SEP, por ejemplo, tarda entre cuatro y cinco meses en pagar. Otras obras sociales pagan a 90 días”, detalló.
El administrador fue claro: “Estamos en una situación crítica. Si el veto se sostiene, lo que se viene puede ser peor. No quiero ser extremista, pero si esto sigue así, incluso podríamos llegar al cierre de la institución”.
Actualmente IRID atiende a más de 240 personas entre ambas sedes, con un plantel de más de 80 profesionales. A pesar de las dificultades, no han suspendido servicios, pero la continuidad de las prestaciones está bajo amenaza si la situación no se revierte.
Respecto a la falta de apoyo político local, Martinelli fue contundente: “No hemos tenido contacto con concejales ni legisladores provinciales. Nadie se ha acercado a ver qué está pasando”.
Además, mencionó el esfuerzo conjunto con la Municipalidad de Rivadavia para atender a 19 niños sin cobertura de obra social, debido a la suspensión de nuevos ingresos a Incluir Salud, decisión también tomada por el actual gobierno nacional. “Estamos sumamente agradecidos al municipio, porque sin ese aporte, esos chicos no estarían recibiendo atención”, expresó.
Martinelli concluyó haciendo un llamado a los legisladores nacionales: “Ahora está en manos del Congreso. Si no logran los votos para mantener el veto, se podría abrir una esperanza para las instituciones como la nuestra”.
