El padre Pablo Molero valoró el acuerdo legislativo que permitió avanzar con cambios en la normativa, aunque advirtió que los derechos necesitan financiamiento y cumplimiento efectivo. También describió las dificultades con medicamentos, prestaciones y la situación social de las familias.
El avance parlamentario de una reforma relacionada con la emergencia en discapacidad despertó expectativas entre las organizaciones que reclaman respuestas, pero la aprobación de una ley no resuelve por sí sola las dificultades de quienes necesitan atención cotidiana. Ese fue el eje de la entrevista que el sacerdote Pablo Molero, referente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, concedió a Hugo Lombardi en ANTES DE VER EL SOL.
Molero explicó que el sector había solicitado la prórroga del régimen de emergencia ante la proximidad de su vencimiento. Frente a esa demanda, el oficialismo presentó una iniciativa nueva que, en su primera versión, dejaba sin respuesta algunos de los puntos que las organizaciones consideraban esenciales. De acuerdo con el entrevistado, el diálogo entre bloques permitió incorporar modificaciones y alcanzar una votación ampliamente favorable en la Cámara de Diputados.
Durante la conversación mencionó el trabajo del diputado misionero Herrera Ahuad como parte de las negociaciones que acercaron posiciones. También recordó una votación de 237 apoyos, cifra expresada en el programa y que deberá contrastarse con el registro parlamentario para cualquier uso como dato independiente. Su valoración se centró en la posibilidad de que una mayoría transversal reconociera problemas que afectan a personas con discapacidad, familiares y prestadores.
La mayor preocupación, sin embargo, está puesta en el financiamiento. El sacerdote explicó que una norma puede reconocer prestaciones o establecer obligaciones, pero su aplicación quedaría comprometida si las previsiones presupuestarias no acompañan esas decisiones. En su análisis, las partidas y los artículos que se discutan en el Presupuesto nacional serán tan relevantes como la sanción definitiva en el Senado.
Molero también señaló que el sector arrastra problemas anteriores a la actual gestión. Mencionó demoras en la entrega de medicamentos, dificultades con pensiones y obstáculos para obtener prestaciones a través de sistemas de cobertura. En particular, manifestó preocupación por las personas que requieren medicación continua y no pueden esperar indefinidamente una respuesta administrativa.
Según su descripción, las faltas de cobertura se vuelven especialmente graves cuando están comprometidos tratamientos de uso diario. Puso como ejemplo a niños que necesitan anticonvulsivantes y sostuvo que una interrupción puede generar consecuencias de gran importancia para su salud. Su reclamo se dirigió a los organismos responsables de garantizar la provisión y resolver trabas de gestión.
El sacerdote amplió luego la mirada hacia la situación social del país. Consideró que los indicadores económicos generales no alcanzan para describir las dificultades concretas que viven muchas familias. Habló de viviendas precarias, de personas que necesitan más de un empleo para sostener sus gastos y de la búsqueda permanente de trabajo como señales de una situación de vulnerabilidad que persiste.
En esa línea, cuestionó la idea de que el equilibrio fiscal pueda ser evaluado al margen de las necesidades básicas. Para Molero, la alimentación, la atención sanitaria y la protección de la vida deben formar parte del límite a partir del cual los responsables de gobernar revisen prioridades. Aclaró que reconocía la existencia de dificultades estructurales desde hace años, pero sostuvo que las autoridades en funciones tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas.
Consultado sobre el papel de la Iglesia, afirmó que la primera tarea es atender, dentro de las posibilidades reales de cada comunidad, a quienes se acercan con necesidades. Añadió que esa ayuda no reemplaza al Estado, por lo que también es necesario transmitir reclamos a funcionarios nacionales y provinciales. Consideró valioso que obispos de distintas jurisdicciones, incluida Mendoza, se pronuncien sobre temas sociales.
La eventual visita del papa León XIV también apareció en la charla. Molero expresó el deseo de que el pontífice encuentre una representación honesta de la realidad argentina, sin ocultar las situaciones de pobreza o exclusión. Para el sacerdote, el mensaje de la Iglesia debe mantener una relación directa con la vida cotidiana de quienes atraviesan mayores dificultades.
Al imaginar un encuentro con el presidente Javier Milei, el entrevistado dijo que le plantearía la necesidad de mayor respeto, escucha y diálogo, además de transmitir las demandas específicas del sector de discapacidad. Sus críticas fueron formuladas como opiniones y reclamos propios del referente, no como constataciones del medio.
El eje de su intervención volvió finalmente al mismo punto: lograr consensos legislativos representa un avance, pero la protección efectiva depende de que existan recursos, se cumplan las normas y las prestaciones lleguen a las personas. Esa distancia entre el reconocimiento del derecho y su aplicación cotidiana es, para Molero, el principal problema pendiente.