En una entrevista concedida al programa Antes de Ver el Sol, la diputada de Cambia Mendoza, Claudia Salas, explicó los alcances de la ley recientemente aprobada por la Legislatura provincial, que establece sanciones para los padres de alumnos que cometan actos de bullying en instituciones educativas. Mendoza se convierte así en la primera provincia del país en aplicar una normativa de estas características.
Consultada sobre si la sanción implicaba una falla del Estado, Salas fue categórica: “No es una falla del Estado. Es una medida que tiene que ver con la realidad que tenemos. El bullying es una problemática mundial y afecta a todas las escuelas. Este es un nuevo paradigma para trabajar en conjunto entre familia, escuela y Estado”.
La legisladora señaló que la ley busca reforzar el rol parental cuando la escuela ya agotó sus herramientas: “El sistema educativo necesita familias comprometidas y presentes. Esta norma viene a darle un marco legal a esa responsabilidad que les corresponde a los adultos responsables”.
¿Se criminaliza a las familias?
Ante la preocupación de que la ley pueda estigmatizar a sectores vulnerables, Salas lo descartó por completo:
“No estamos criminalizando la pobreza. Al contrario, buscamos brindar herramientas a esos padres que no acompañaron por distintas circunstancias, para prevenir que las situaciones se repitan”.
La diputada destacó que el protocolo contempla instancias de prevención, intervención y posvención, y que los casos se abordarán de manera integral antes de llegar al Juzgado Contravencional. “Cuando el juzgado reciba las actuaciones, todo estará documentado: qué acciones se tomaron, cuál fue el resultado y qué nivel de gravedad tuvo el caso”, explicó.
Multas, trabajos comunitarios y talleres
La ley prevé sanciones económicas de entre 600 mil y 1.250.000 pesos, además de trabajo comunitario o tareas educativas para los adultos responsables. Sobre qué ocurrirá con las familias que no puedan pagar, Salas señaló que será la Justicia quien determine la sanción correspondiente: “Es un tema jurídico que le corresponde resolver al juzgado”.
Prevención, compromiso y acompañamiento
Salas enfatizó que el espíritu de la ley es educativo, no punitivo:
“No buscamos castigar ni criminalizar. Queremos generar conciencia, reparación y compromiso comunitario. Lo más importante es la reflexión de las familias”.
También aclaró que la norma contempla el acompañamiento tanto para el alumno que ejerce el bullying como para la víctima: “Debemos proteger a ambos. Habrá ayuda psicológica, talleres e intervención de distintos profesionales”.
Un proyecto trabajado con consenso
La legisladora destacó que la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría: “En el Senado fue por unanimidad y en Diputados obtuvo 42 votos a favor y uno en contra. Todos los partidos entendemos que la convivencia escolar es un tema que nos tiene que unir”.
Salas confirmó que la implementación ya comenzó en el ámbito educativo con capacitaciones a docentes, directivos y preceptores. También subrayó que se trata de una respuesta reclamada por la comunidad educativa: “Desde el miércoles a hoy, docentes y directivos nos han manifestado su apoyo y han compartido casos concretos donde este marco legal será muy útil”.
La diputada insistió en que muchas conductas violentas se originan en el hogar y se replican en la escuela: “Hay modelos de violencia que se aprenden en la casa. Necesitamos intervenir para trabajar habilidades socioemocionales y evitar que los conflictos familiares se trasladen al aula”.
Finalmente, aseguró que la ley busca evitar la marginación del alumno: “El espíritu no es marginarlo, sino corregir y acompañar. Si trabajamos desde la primaria con herramientas sólidas, la problemática disminuirá en la secundaria”.
