La provincia de Mendoza reglamentó la Ley 9659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y puso en marcha el esquema operativo que ordenará la gestión de residuos en todo el territorio. Con esta medida, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo más eficiente, ambientalmente responsable y alineado con los principios de la economía circular.
La norma, aprobada por la Legislatura provincial, articula con la Ley Nacional 25.916 y establece responsabilidades, plazos y mecanismos de control para municipios, consorcios interjurisdiccionales y actores vinculados al sistema. Entre sus principales objetivos se encuentran la erradicación de basurales a cielo abierto, la mejora en la valorización de materiales reciclables y la estandarización de la gestión municipal.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que la reglamentación es resultado de un trabajo conjunto con municipios y equipos técnicos, y remarcó que el nuevo esquema incorpora metas medibles y herramientas de trazabilidad digital para fortalecer el control y la transparencia.
Plan provincial, metas y control
El decreto dispone la implementación del Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (PPRSU), con enfoque regional y vigencia de cinco años. El programa establece lineamientos estratégicos, metas cuantificables e indicadores de seguimiento, con el objetivo de reducir progresivamente los residuos destinados a disposición final y fortalecer la recuperación de materiales reciclables y orgánicos.
En paralelo, los municipios deberán presentar planes propios alineados al marco provincial. Estos deberán incluir diagnósticos, metas a corto, mediano y largo plazo, programas de separación en origen, estrategias de valorización e inclusión social de recuperadores urbanos.
La reglamentación también fija condiciones ambientales y de seguridad para centros de procesamiento, estaciones de transferencia y centros de disposición final, y promueve la articulación con cooperativas regionales para formalizar e integrar a recuperadores urbanos.
Clasificación, registros y trazabilidad digital
El nuevo marco introduce una clasificación de generadores: pequeños (hasta 50 kilos diarios de residuos) y grandes generadores (más de ese umbral), con posibilidad de criterios más exigentes por parte de los municipios.
Además, se crean registros provinciales de transportistas y de centros tecnificados de economía circular, bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente, con información de acceso público.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de una plataforma digital de trazabilidad que permitirá registrar en tiempo real el movimiento y tratamiento de los residuos. El sistema generará reportes estadísticos e informes públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos.
En cuanto a los basurales a cielo abierto, los municipios deberán presentar planes de cierre y remediación específicos para cada sitio, con el fin de reducir riesgos ambientales y sanitarios.
El régimen también establece procedimientos ante incumplimientos, con plazos para descargos, posibilidad de medidas preventivas y criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones, sin perjuicio de la obligación de recomposición ambiental cuando corresponda.
Finalmente, la reglamentación aprueba anexos técnicos con definiciones operativas, requisitos mínimos para la gestión de residuos de construcción y demolición y un código unificado de colores para la clasificación de fracciones, herramienta clave para consolidar la separación en origen.
Con esta medida, la provincia consolida un marco integral que articula planificación, control, trazabilidad, inclusión social y fortalecimiento institucional, sentando las bases para una transición hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible de los residuos urbanos.
