La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena contra un empleado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) por abuso de autoridad en un contexto de violencia de género y dispuso que deberá indemnizar económicamente a la víctima, en un fallo considerado relevante en materia de reparación.
La resolución, adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal, rechazó los planteos de la defensa y avaló la decisión de instancias anteriores, incorporando además la obligación de resarcimiento en el mismo proceso penal, sin necesidad de iniciar una demanda civil paralela.
El caso se originó tras la denuncia de una trabajadora de la casa de estudios, quien señaló conductas reiteradas de hostigamiento por parte del imputado, que se desempeñaba en un área clave vinculada a recursos humanos. Según se acreditó en la investigación, el acusado desplegó actitudes invasivas, insistentes y no consentidas en el ámbito laboral desde 2018.
De acuerdo a los fundamentos del fallo, el accionar del condenado se sostuvo en el tiempo e incluyó no solo situaciones de maltrato en el entorno de trabajo, sino también intentos de mantener cercanía en otros espacios académicos y sociales, además del envío de mensajes personales durante la pandemia, lo que profundizó el impacto psicológico sobre la víctima.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que el imputado tenía incidencia en decisiones administrativas, como la renovación de contratos, lo que generaba una relación de desigualdad y vulnerabilidad para la denunciante, quien temía posibles represalias laborales.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la incorporación de la reparación económica dentro del proceso penal —en línea con el artículo 29 del Código Penal— constituye un avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, evitando dilaciones y garantizando una respuesta más integral por parte del sistema judicial.
