Armando Magistretti y Eduardo Tolosa pasaron por Antes de Ver el Sol y analizaron el impacto de la mora administrativa en Mendoza, el silencio del Estado frente a reclamos ciudadanos y la falta de sanciones a funcionarios que no responden en tiempo y forma. Durante la entrevista, también abordaron el caso de empleados del IPV, la situación de leyes vinculadas a la denegación tácita y el debate político de cara a los próximos escenarios electorales.
En una entrevista extensa en Antes de Ver el Sol, por Ciudad FM 90.5, Hugo Lombardi y Susana Gómez recibieron en el estudio a Armando Magistretti, dirigente del Partido Demócrata y senador provincial, junto al abogado Eduardo Tolosa. El eje principal de la conversación estuvo puesto en la mora administrativa del Estado, la falta de respuestas oficiales ante reclamos ciudadanos y las consecuencias económicas que esas demoras generan sobre las arcas públicas.
La charla comenzó a partir de un caso concreto: un grupo de empleados del Instituto Provincial de la Vivienda reclamó que se les reconociera la antigüedad correspondiente al período en el que trabajaron como contratados antes de pasar a planta. Según lo expresado durante la entrevista, el reclamo fue iniciado ante el IPV, luego pasó por distintas instancias administrativas y finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia, que falló a favor de los trabajadores.
Magistretti explicó que el caso expuso un problema de fondo: cuando los organismos del Estado no responden en tiempo y forma, los ciudadanos deben acudir a herramientas judiciales para obtener una definición. En ese marco, mencionó dos leyes de su autoría vinculadas a la mora de los funcionarios y al silencio de la administración pública.
“Las leyes 9641 y 9642 tienen que ver con lo que llamamos la mora de los funcionarios o el silencio de la administración pública”, señaló Magistretti durante la entrevista. Según explicó, estas normas buscan proteger al ciudadano cuando recurre al Estado por un problema o cuando entiende que sus derechos han sido vulnerados y no recibe respuesta.
Uno de los puntos centrales fue la figura de la denegación tácita. Magistretti detalló que se produce cuando el Estado no responde dentro de los plazos correspondientes y, ante esa falta de resolución, el ciudadano queda habilitado para recurrir a la Justicia. En el caso analizado, los empleados del IPV presentaron un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo, pero, según lo expresado durante la entrevista, el Ejecutivo no contestó.
“Los empleados del IPV presentaron este recurso de alzada ante el Ejecutivo y el Ejecutivo nunca contestó”, afirmó Magistretti. A partir de esa falta de respuesta, los trabajadores recurrieron a la Suprema Corte mediante una acción procesal administrativa por denegación tácita.
El senador explicó que la ley obliga a identificar al funcionario o grupo de funcionarios que no cumplieron con su deber de responder. Esa identificación es clave, según sostuvo, porque permite aplicar sanciones administrativas, económicas o las que correspondan dentro del marco normativo vigente. “La finalidad es identificar a los funcionarios que no ejercen su competencia de acuerdo a las leyes vigentes”, remarcó.
Magistretti también cuestionó que, a partir de la sanción de estas normas, la resolución de acciones procesales administrativas por denegación tácita habría quedado paralizada. Según planteó, la Suprema Corte venía resolviendo este tipo de causas, pero al tener que identificar a los funcionarios morosos, comenzó una discusión interna sobre los plazos y el procedimiento.
“Parece que les produjo cierto escozor porque a partir de la presentación de una APA por denegación tácita están frenadas las resoluciones”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que la demora judicial también genera un efecto sobre los tribunales inferiores, que esperan una definición de la Corte para saber cómo actuar.
Eduardo Tolosa aportó una mirada jurídica y social sobre el tema. Explicó que muchos trabajadores contratados en distintos ámbitos del Estado cumplen tareas con horario, responsabilidad, lugar de trabajo y régimen disciplinario, aunque formalmente sean considerados monotributistas o contratados. Para el abogado, cuando se dan esas condiciones, existe una relación laboral que no puede ser desconocida.
Tolosa señaló que el caso del IPV puede ser entendido por muchos trabajadores que atraviesan situaciones similares en hospitales, municipalidades u otras dependencias estatales. “Hay mucha gente que está escuchando y sabe que esto sucede”, expresó durante la entrevista.
El abogado también advirtió que el problema no es solo jurídico, sino económico. Cuando el Estado no responde, los conflictos avanzan hacia la Justicia y, si hay condena, los costos terminan siendo afrontados con recursos públicos. “Los funcionarios no pagan ellos”, señaló Tolosa, al cuestionar que muchas veces quienes toman decisiones u omiten responder no afrontan personalmente las consecuencias económicas de esos actos.
Magistretti coincidió en ese diagnóstico y utilizó una expresión fuerte para describir la situación: habló del “Estado bobo”, en referencia a un Estado que termina pagando por la mora o la desidia de sus propios funcionarios. Según sostuvo, si no se identifica a los responsables, resulta imposible aplicar sanciones y evitar que estas conductas se repitan.
Durante la entrevista, el senador también mencionó otros expedientes y situaciones que, según su visión, muestran una matriz de demora, falta de impulso procesal o inacción institucional. Entre ellos se refirió al caso de funcionarios judiciales equiparados a magistrados, a causas vinculadas a funcionarios de gobiernos anteriores y a pedidos de informe presentados en el Senado.
En ese tramo, Magistretti cuestionó la actitud del Ejecutivo, de la Fiscalía de Estado y de la Suprema Corte, al considerar que deberían impulsar con mayor fuerza los expedientes en los que están comprometidos recursos públicos. “Vemos una actitud omisiva por parte de la Suprema Corte de Justicia, del Ejecutivo y del Fiscal de Estado”, afirmó.
También se abordó la discusión sobre la independencia de poderes en Mendoza. Tolosa señaló que formalmente existe división de poderes, pero planteó dudas sobre la independencia real. En ese sentido, durante la entrevista se mencionó la percepción pública sobre jueces vinculados a distintos espacios políticos y el impacto que eso puede tener en la confianza ciudadana.
Otro tema tratado fue la contaminación por vuelco de líquidos cloacales e industriales en El Borbollón, Las Heras. Magistretti contó que presentó pedidos de informe en el Senado dirigidos a distintos organismos, entre ellos Irrigación, la Municipalidad de Las Heras y el Ministerio de Energía y Ambiente. Según relató, solo uno de esos pedidos fue autorizado para avanzar, mientras que los demás fueron enviados a comisión.
El senador explicó que recorrió personalmente el lugar y observó una laguna artificial vinculada al tratamiento de líquidos, que, según lo expresado durante la entrevista, habría dejado de tener operador desde hace años. También advirtió sobre posibles infiltraciones y falta de control. “Hay desidia, hay desinterés en muchas acciones de gobierno”, señaló al referirse a ese caso.
La entrevista también tuvo un tramo político. Consultado por la posible eliminación de las PASO, Magistretti sostuvo que el Partido Demócrata mantiene desde hace tiempo una postura crítica hacia ese sistema, al considerar que obliga al ciudadano a financiar procesos internos de los partidos. Sin embargo, también cuestionó la posibilidad de reemplazarlas por mecanismos de colectoras, a los que calificó como un sistema malo.
“El tema de las colectoras es un sistema malo también”, afirmó. Según planteó, la discusión electoral muchas veces depende del interés coyuntural de los gobiernos y de cómo se busca favorecer o frenar a determinados candidatos.
Sobre el futuro político del Partido Demócrata, Magistretti explicó que el espacio atraviesa un proceso interno de renovación de autoridades y que trabaja en ejes temáticos para presentar propuestas de gobierno hacia fin de año o principios del próximo. También dejó abierta la posibilidad de construir un frente con dirigentes del partido, extrapartidarios o referentes provenientes de otros sectores.
Consultado sobre una eventual alianza con Cambia Mendoza, el dirigente recordó que el Partido Demócrata fue fundador de ese espacio en 2015, pero luego se retiró al considerar que no se cumplieron pautas acordadas. “Lo vemos realmente complicado volver a un tipo de alianza como la que se hizo”, señaló, aunque aclaró que la decisión final dependerá de los organismos partidarios.
También fue consultado por el gobierno nacional y por Javier Milei. Magistretti sostuvo que Milei irrumpió levantando banderas que históricamente defendió el Partido Demócrata, como la libertad económica y el liberalismo, aunque remarcó que el PD agrega la defensa del federalismo. Reconoció que la situación económica en la calle es compleja, especialmente en Mendoza y en la zona Este, pero sostuvo que el ordenamiento macroeconómico es una condición previa para mejorar la microeconomía.
“La situación económica en la calle, sobre todo en Mendoza y particularmente del río Mendoza hacia acá, hacia el Este, está muy mala”, afirmó. Sin embargo, consideró que, si se profundizan políticas que favorezcan la inversión privada, podría haber una recuperación.
En el cierre, Magistretti también se refirió a Luis Petri como una posible figura a evaluar dentro del escenario político, aunque aclaró que el Partido Demócrata pretende ofrecer una alternativa propia, ya sea con dirigentes partidarios, independientes o referentes del sector empresarial.
La entrevista dejó varios ejes abiertos: la responsabilidad de los funcionarios frente al silencio administrativo, el costo que paga el Estado por la falta de respuestas, la demora de causas sensibles, la discusión por la independencia de poderes, los controles ambientales y el reordenamiento político de cara a los próximos años. La conversación completa con Armando Magistretti y Eduardo Tolosa puede verse en las plataformas de Ciudad FM.
