La posible desregulación de la actividad inmobiliaria generó preocupación entre los profesionales del sector, que advierten que permitir el corretaje sin matrícula ni formación específica podría debilitar la seguridad jurídica de compradores, vendedores e inquilinos. Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, sostuvo que la propuesta significaría un retroceso y anticipó que, en caso de aprobarse y recibir adhesión provincial, será cuestionada por las entidades profesionales.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, cuestionó el proyecto que busca desregular la matriculación de los corredores públicos inmobiliarios y permitir que personas sin título universitario ni matrícula profesional puedan intervenir en operaciones vinculadas con propiedades.
Durante una entrevista en el programa Antes de ver el sol, conducido por Hugo Lombardi en Ciudad FM 90.5, Irrera explicó que la discusión no se limita a la posibilidad de vender una casa o conseguir un interesado. Según señaló, una operación inmobiliaria incluye controles jurídicos, análisis de documentación, verificación de antecedentes y responsabilidades profesionales que no siempre son visibles para el cliente.
“Cualquiera que tiene un poco de chispa puede vender, pero no puede acompañar una operación inmobiliaria por toda la parte jurídica que conlleva”, afirmó el dirigente del sector.
La iniciativa, según lo expresado durante la entrevista, forma parte de un paquete de proyectos orientados a eliminar regulaciones y requisitos de matriculación en distintas actividades. Irrera indicó que uno de los argumentos utilizados es el derecho constitucional a trabajar, aunque consideró que ese principio no debería interpretarse como la posibilidad de ejercer cualquier profesión sin preparación.
El entrevistado remarcó que antes de concretar una compraventa se deben analizar numerosos aspectos. Entre ellos mencionó la identidad y capacidad legal de las personas que participan, la titularidad del inmueble, la existencia de hipotecas, embargos, inhibiciones, sucesiones, deudas y posibles irregularidades en la documentación.
“Todo lo que se vende tiene que ser revisado para saber en qué situación está. Puede estar embargado, hipotecado o formar parte de una sucesión”, explicó.
Irrera sostuvo que la matrícula profesional no fue creada únicamente como una exigencia administrativa, sino como una herramienta de protección para el consumidor. Una persona que contrata a un corredor matriculado puede conocer su domicilio profesional, verificar sus antecedentes y realizar una denuncia ante el tribunal de ética y disciplina del colegio correspondiente si considera que existió una conducta irregular.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria planteó que, sin esa estructura de control, una persona podría recibir una seña o una suma de dinero y luego desaparecer sin que el cliente tenga información suficiente para ubicarla o reclamarle.
“Uno puede atender a alguien en un café, recibir una seña y desaparecer. Después no se sabe dónde vive, quién es ni de dónde vino”, advirtió.
Durante la conversación, Irrera también se refirió a casos de estafas inmobiliarias detectados recientemente. Aseguró que existen grupos que utilizan documentación falsa, boletos de compraventa apócrifos y sellos que aparentan corresponder a organismos oficiales o escribanos.
Según relató, en menos de quince días se lograron impedir tres operaciones presuntamente fraudulentas. En uno de esos casos se habría utilizado un boleto de compraventa falso que incluía sellos y datos destinados a darle apariencia de legalidad.
“En menos de quince días desbaratamos tres estafas. Había boletos de compraventa apócrifos con sellos y referencias a escribanos”, afirmó.
Irrera explicó que las sumas comprometidas en ese tipo de operaciones pueden representar los ahorros de toda una vida. Durante la entrevista mencionó montos de entre 15 y 20 millones de pesos como ejemplo del dinero que algunas personas estaban en riesgo de perder.
Uno de los argumentos a favor de la desregulación sería la posibilidad de reducir costos o permitir que los honorarios se acuerden libremente entre las partes. Sin embargo, Irrera consideró que una reducción inicial podría generar posteriormente gastos mucho mayores si la operación termina en un conflicto judicial.
“El honorario que se pretende ahorrar puede terminar gastándose después en un juicio”, sostuvo.
El dirigente señaló que los porcentajes y honorarios del sector se encuentran regulados por la legislación provincial. También explicó que los corredores inmobiliarios deben cumplir actualmente con requisitos de formación universitaria para ejercer la actividad.
Irrera repasó que en décadas anteriores, cuando todavía no existían carreras universitarias específicas, los aspirantes tenían que prepararse y rendir exámenes ante la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente se establecieron nuevas exigencias educativas y se desarrollaron carreras universitarias de corredor público y martillero público.
El entrevistado contó que ejerce la profesión desde hace más de cuatro décadas y consideró que eliminar los requisitos actuales significaría retroceder incluso respecto del sistema con el que él accedió a la matrícula.
“Para mí es un retroceso, porque quedaríamos peor que cuando empecé hace 44 años. En aquel momento, al menos, había que rendir ante la Suprema Corte de Justicia”, señaló.
Irrera explicó que el trabajo profesional comienza mucho antes de la intervención del escribano. El corredor verifica el título, analiza el estado registral de la propiedad, comprueba si el vendedor es realmente el titular y revisa la existencia de hipotecas, embargos, inhibiciones o deudas.
También sostuvo que los corredores pueden gestionar pagos y levantamientos de medidas registrales cuando esas situaciones aparecen durante una operación. Además, deben contar con conocimientos básicos de construcción, tasación y documentación legal para determinar el valor y las condiciones de una propiedad.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria remarcó que los profesionales tienen responsabilidades establecidas en el Código Civil y Comercial y deben responder por su actuación. Agregó que, para matricularse, se exige la constitución de una fianza o la contratación de un seguro que permita afrontar posibles daños ocasionados por una mala práctica.
“Somos responsables de lo que hacemos y debemos responder con nuestros bienes o con un seguro ante una mala praxis”, explicó.
Respecto del futuro del proyecto, Irrera manifestó su expectativa de que no sea aprobado. No obstante, anticipó que las entidades del sector recurrirán a las vías legales disponibles si la propuesta avanza.
También aclaró que, por tratarse de una actividad regulada por legislación provincial, una eventual norma nacional necesitaría posteriormente la adhesión de cada provincia. En ese escenario, señaló que las organizaciones profesionales evaluarían impugnar tanto la norma nacional como una posible adhesión de Mendoza.
La entrevista completa realizada en Antes de ver el sol, por Ciudad FM 90.5, permite conocer los argumentos del sector inmobiliario frente a una modificación que, según Irrera, podría alterar los controles profesionales y dejar a los consumidores con menos herramientas de protección ante irregularidades, conflictos jurídicos o posibles estafas.
