El abogado Alfredo Guevara explicó los fundamentos de la denuncia presentada contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por una publicación realizada en la red social X que, según el denunciante, tendría contenido discriminatorio y podría encuadrar en la legislación antidiscriminatoria. La presentación todavía debe ser analizada por la Justicia y no existe una resolución que determine la comisión de un delito.
Durante una entrevista en Antes de Ver el Sol, el programa conducido por Hugo Lombardi y Susana Gómez en Ciudad FM 90.5, Guevara sostuvo que el cuestionamiento surgió después de que Casado se refiriera a la selección francesa como un “equipo africano” tras un partido del Mundial. El abogado consideró que vincular la nacionalidad de los jugadores con el color de su piel constituye un acto discriminatorio, aunque aclaró que será la Justicia la que deberá definir si además configura un delito.
La controversia se profundizó luego de nuevas publicaciones realizadas por la vicegobernadora. Para Guevara, uno de los puntos más graves no fue únicamente el mensaje inicial, sino la ausencia de una disculpa hacia las personas que pudieran haberse sentido afectadas.
“Lo que más me sorprende no es solamente la publicación inicial, sino que no se disculpe con las personas ofendidas y siga como si nada hubiera pasado”, señaló.
El abogado remarcó que Casado no intervino como una usuaria anónima o una simpatizante futbolera, sino como vicegobernadora de Mendoza y desde una cuenta con amplia exposición pública. Esa condición, a su entender, incrementó el alcance y las consecuencias institucionales de sus palabras.
Guevara afirmó que la denuncia se apoya en la prohibición de la discriminación racial establecida por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la legislación argentina.
“El hecho puntual es la discriminación racial. Tratar de africano al equipo francés simplemente por el color de piel de sus jugadores es racista”, sostuvo.
Según explicó, la presentación menciona el artículo 3 de la ley antidiscriminatoria, que contempla sanciones para quienes participen en determinadas formas de propaganda, alienten la persecución o promuevan el odio contra personas o grupos por motivos raciales, religiosos, nacionales o políticos.
El entrevistado habló de una posible pena de hasta tres años de prisión. Sin embargo, cualquier encuadre penal, sanción o responsabilidad deberá ser determinado por los organismos judiciales competentes después de analizar el contenido, el contexto, el alcance de las expresiones y la normativa aplicable.
Guevara reconoció que las investigaciones penales relacionadas con discursos discriminatorios no son frecuentes. Explicó que la mayor parte de la actividad de los tribunales se concentra en delitos comunes y en las prioridades definidas por la política criminal de cada jurisdicción.
También diferenció una publicación realizada por un ciudadano sin alcance significativo de una expresión difundida por una funcionaria de alta jerarquía. Desde su perspectiva, el impacto público es un elemento central para determinar si una conducta supera el terreno de una opinión ofensiva y alcanza relevancia penal.
“La libertad de expresión no ampara los discursos de odio y violencia”, manifestó.
El abogado recordó que las redes sociales contienen numerosos comentarios violentos o discriminatorios que no siempre generan una investigación. Esto puede suceder porque no alcanzan una afectación concreta o porque provienen de personas sin una capacidad relevante de amplificación.
En el caso de Casado, argumentó que su cargo, la cantidad de seguidores, la repercusión mediática y el contexto internacional relacionado con las campañas contra el racismo en el deporte otorgaron a la publicación una trascendencia diferente.
La vicegobernadora presentó su mensaje como parte de una discusión futbolera. Guevara rechazó esa explicación y sostuvo que el carácter informal o humorístico que se pretenda asignar a una expresión no elimina necesariamente sus consecuencias.
Durante la entrevista también cuestionó la demora en la tramitación de la denuncia. Según afirmó, la presentación había sido realizada varios días antes y todavía no había recibido una respuesta formal.
Guevara acusó al Ministerio Público Fiscal de mantener la denuncia sin movimiento y cuestionó la independencia del sistema judicial provincial. Estas expresiones corresponden exclusivamente al entrevistado y no fueron verificadas de manera independiente por Ciudad FM.
“Presentada una denuncia, hay que darle intervención a un fiscal para que determine si existe un delito. Si no existe, debe archivarla y explicar por qué”, señaló.
El abogado consideró que el problema no radica solamente en una eventual decisión de rechazo, sino en la falta de un pronunciamiento que permita conocer los argumentos de la Justicia y, en caso de desacuerdo, utilizar las vías de revisión disponibles.
También explicó que la discusión podría continuar aunque el fiscal decidiera que no existe un delito penal. Según su análisis, una conducta puede ser considerada discriminatoria y dar lugar a medidas destinadas a detener sus efectos, aun cuando no se aplique una sanción penal.
Entre esas alternativas mencionó la posibilidad de solicitar que el comentario sea eliminado de la red social. Nuevamente, se trata de una hipótesis planteada por el denunciante que debería ser evaluada por la autoridad judicial correspondiente.
“Más allá de que se defina si hay delito o no, claramente hay un acto discriminatorio”, afirmó Guevara.
Consultado sobre la situación institucional de Casado, el abogado explicó que la vicegobernadora cuenta con inmunidades vinculadas a su cargo. Esas protecciones no impedirían, según su interpretación, que se inicie una investigación o se abra un expediente.
El obstáculo podría aparecer en instancias posteriores, como una citación compulsiva o un eventual juicio oral. En esos casos sería necesaria la intervención de los mecanismos constitucionales y legislativos correspondientes.
Guevara sostuvo que, si la investigación avanzara y no existiera autorización para someterla a juicio durante el mandato, el proceso podría continuar cuando finalizara su función pública, siempre que la acción penal permaneciera vigente.
“Se puede iniciar una investigación aunque sea gobernadora o vicegobernadora. El problema se presentaría cuando hubiera que citarla por la fuerza pública o someterla a juicio”, explicó.
El abogado consideró que la protección institucional no debería interpretarse como una imposibilidad absoluta de investigar. Los fueros, según su planteo, actúan sobre determinadas medidas procesales, pero no eliminan la eventual responsabilidad que pudiera establecerse.
Durante la conversación, Guevara informó que distintos organismos vinculados a los derechos humanos se pronunciaron sobre la controversia. Entre ellos mencionó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
También señaló que estaban realizando gestiones para informar a representantes diplomáticos franceses sobre la denuncia y sobre las dificultades que, según su versión, habrían encontrado para conseguir una respuesta judicial.
El entrevistado se refirió además a la reacción del Gobierno provincial. Según expresó, el gobernador buscó diferenciar la postura institucional de Mendoza de la publicación realizada por la vicegobernadora.
Guevara consideró que esa diferenciación no reemplaza la necesidad de que el Poder Judicial se pronuncie. Afirmó que cualquier denuncia puede ser aceptada o rechazada, pero debe recibir una respuesta formal y fundamentada.
“No necesariamente porque una persona haga una denuncia tiene que ser procedente. Lo que no puede suceder es que no exista ningún pronunciamiento”, remarcó.
El abogado insistió en que el debate excede una disputa entre dirigentes o una discusión deportiva. Desde su perspectiva, permitir expresiones discriminatorias provenientes de las máximas autoridades provinciales podría contribuir a naturalizar discursos incompatibles con la convivencia democrática.
La entrevista también abordó los límites de la comunicación política en las redes sociales. Guevara señaló que las autoridades tienen una responsabilidad mayor por el alcance de sus mensajes y por el efecto que pueden generar sobre la sociedad.
El caso plantea una tensión entre la libertad de expresión, el humor, la discusión deportiva y la prohibición de los discursos discriminatorios. Esa tensión deberá ser analizada por la Justicia sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad penal de la funcionaria denunciada.
Guevara adelantó que, si no obtienen una respuesta en Mendoza, evaluarán recurrir a instancias nacionales e internacionales.
“Si un Poder Judicial no se pronuncia sobre una denuncia, estamos ante una situación institucional de suma gravedad”, concluyó.
La presentación contra Hebe Casado se encuentra, según lo expresado durante la entrevista, pendiente de una definición inicial. Hasta que exista una decisión judicial, corresponde hablar de una denuncia y de las afirmaciones realizadas por sus impulsores, no de un delito probado ni de una condena.
La entrevista completa a Alfredo Guevara puede verse en las plataformas digitales de Ciudad FM.
