Las palabras del intendente de San Martín, Raúl Rufeil, resuenan como una alarma que nadie puede ignorar. Comparar la posible caída de Fecovita con la debacle de la bodega Greco en los años 70 no es una exageración; es un llamado de atención sobre lo que podría convertirse en una crisis sin precedentes para la Zona Este de Mendoza.
El conflicto judicial con la firma extranjera Iberte pone en jaque a una de las cooperativas vitivinícolas más importantes del país. Pero el problema no es solo legal, sino estructural. Fecovita no es solo una empresa: es el sustento de más de 5.000 productores, de cientos de familias, de una economía que gira en torno a la producción vitivinícola. Un fallo adverso no solo significaría el derrumbe de la cooperativa, sino también un golpe devastador a la matriz productiva de la región.
La pregunta que surge es inevitable: ¿Cómo llegó Fecovita a esta situación? Durante años, su cúpula directiva tomó decisiones que hoy parecen haber hipotecado el futuro de miles de trabajadores y pequeños productores. Mientras se hablaba de expansión y crecimiento, las alertas financieras se encendían. Ahora, el desenlace parece estar cada vez más cerca, y las consecuencias podrían ser irreparables.
Rufeil lo dejó claro: si la crisis de Greco fue un golpe duro para la región, el colapso de Fecovita sería una catástrofe. El 60% de la producción de tetra brick de la zona depende de esta cooperativa. Su caída arrastraría no solo a los productores, sino también a comercios, empleados y economías familiares que dependen de su funcionamiento.
En este contexto, la urgencia de una solución es evidente. La justicia debe actuar con rapidez, pero también es momento de que el Estado y el sector privado tomen medidas concretas para evitar un colapso que marcaría un antes y un después en la vitivinicultura mendocina. Porque si Fecovita cae, no solo perderán los productores: perderá toda la Zona Este.
