En una entrevista exclusiva en Antes de Ver el Sol, Armando Magistretti, senador provincial y presidente del Partido Demócrata en Mendoza, confirmó que su partido ha presentado una denuncia formal ante la Oficina de Ética Pública contra el exgobernador y actual senador nacional, Rodolfo Suárez. La denuncia se centra en las recientes declaraciones de Suárez en un programa de streaming, donde admitió haber cedido a presiones de medios para asignar pautas publicitarias. Según Magistretti, esto podría implicar un uso indebido de fondos públicos destinados a preservar su imagen personal.
Las leyes implicadas: La denuncia se basa en la Ley 8993 de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública y la Ley 6496, que regula la presentación bimestral de informes sobre gastos en publicidad. Según el legislador, las revelaciones de Suárez sugieren que se comprometieron bienes públicos al responder a presiones mediáticas, lo cual sería una grave falta de transparencia.
Falta de informes de gastos: Magistretti destacó que en su denuncia se exige al auditor que solicite a Enrique Vaquié, actual Ministro de Hacienda, información detallada sobre los montos pagados a medios tanto provinciales como nacionales. Además, se investiga si Suárez cumplió con la normativa que exige la justificación y selección de los medios contratados.
Una situación preocupante: Según Magistretti, la falta de respuesta de los funcionarios responsables de la transparencia fiscal refuerza la sensación de impunidad en la gestión anterior y actual. El senador también mencionó que bajo la gestión de Alfredo Cornejo se han gastado casi 5 mil millones de pesos en publicidad sin cumplir con los informes establecidos por ley.
Repercusiones políticas: Este escándalo afecta no solo a la imagen de Suárez, sino también a la actual gestión provincial, lo que ha llevado al Partido Demócrata a solicitar una investigación a fondo. «Queremos saber hasta dónde llegaron las concesiones realizadas por Suárez bajo estas presiones», aseguró el senador.
En una mañana lluviosa pero cargada de polémica, Magistretti concluyó que, de no obtener respuestas claras, considerarán llevar el caso a la justicia para que se esclarezca esta situación que afecta directamente a la confianza pública.
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