La imputación del concejal Juan Carlos “Tito” Argüello por defraudación al Estado ha generado un sismo político en Rivadavia. Argüello, actual edil y antes funcionario municipal, enfrenta cargos relacionados con el uso indebido de combustible en vehículos municipales, un presunto delito que la justicia viene investigando tras la denuncia del intendente Ricardo Manzur. El abogado Eduardo Tolosa, en diálogo con Antes de Ver el Sol, lanzó fuertes declaraciones y describió los pasos a seguir en el Concejo Deliberante, con un mensaje claro: la ética pública no es negociable.

Tolosa explicó que la denuncia surgió de una auditoría de la nueva gestión de Manzur, quien reveló irregularidades en la carga de combustible en vehículos municipales que, incluso, ni siquiera estaban en funcionamiento. En un ejemplo sorprendente, mientras Manzur asumía su mandato el 10 de diciembre de 2023, un vehículo que no funcionaba fue captado cargando combustible en una estación de servicio de Junín.

La situación de Argüello ha despertado cuestionamientos sobre si es viable que continúe como concejal mientras la justicia determina su responsabilidad. Según Tolosa, el Concejo Deliberante tiene el poder de suspender o incluso destituir a Argüello, aunque también advirtió que esto requeriría el voto de los otros ediles. “No podemos tener en nuestras filas a personas cuya ética está bajo sospecha”, sentenció el abogado, recordando que como representantes del pueblo, los concejales tienen la obligación de fiscalizar al ejecutivo y actuar con integridad.

Tolosa y el Precedente de Rivadavia: ¿Expulsar o Permitir que Renuncie?
El abogado recordó una experiencia propia de los años 90 cuando, como presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, tuvo que enfrentar casos de corrupción de dos concejales, uno involucrado en un caso de violencia de género y otro en un robo de fondos destinados a un refugio de niños vulnerables. “En aquel momento, formamos una comisión investigadora y logramos la destitución de ambos. Esta clase de conductas no pueden ni deben ser toleradas en los representantes del pueblo”, afirmó Tolosa.

Para él, el caso de Argüello es claro: si el Concejo decide proteger las instituciones y actuar en defensa de la ética pública, no debería permitir que un concejal imputado permanezca en su banca, aunque el supuesto delito lo haya cometido antes de asumir el cargo.

¿Qué Puede Hacer el Concejo Deliberante?
Tolosa detalló que el Concejo tiene la autoridad de conformar una comisión investigadora que puede suspender preventivamente a Argüello por 30 días, con posibilidad de prórroga, y, en caso de que así se decida, también podría expulsarlo. Esto requeriría una mayoría de dos tercios en el recinto y el voto responsable de cada concejal.

Sin embargo, Tolosa advirtió sobre posibles estrategias para evitar una decisión final, como la falta de quorum en la votación. “No es hora de complicidades ni excusas”, afirmó el abogado, subrayando que si no se actúa con contundencia, se envía un mensaje dañino para la comunidad y para el país.

La Ética en Juego: ¿Es Hora de Aplicar la «Ficha Limpia»?
En una reflexión sobre la ética en la función pública, Tolosa sugirió que la llamada «Ley de Ficha Limpia» sería de gran relevancia en casos como este, donde funcionarios imputados por delitos serios continúan ocupando cargos de responsabilidad. En sus palabras, “Si hoy tuviéramos una ley de ficha limpia aplicada en Rivadavia, alguien como Argüello no podría haber accedido a la banca”.

Tolosa también apuntó que si el Concejo no actúa en este caso, deja la puerta abierta a la complicidad. “Cada concejal debe recordar que no son ‘compañeros de trabajo’; están allí para representar a la gente que los votó, no para ser cómplices de conductas dudosas”, agregó.

Finalmente, el abogado concluyó que la decisión sobre el futuro de Argüello en el Concejo depende de la voluntad y compromiso de los ediles en ejercicio. En sus palabras: “Si queremos un país diferente, debe empezar por los municipios, donde no podemos permitir que quienes tienen un pasado oscuro ocupen cargos públicos”.

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