En el programa Antes de ver el sol, la doctora Bárbara Peñaloza, especialista en derecho informático y ciberdelitos, analizó el inédito acuerdo alcanzado por cerca de 300 familias del colegio primario San Nicolás, ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, que decidieron restringir el uso del celular en niños y niñas hasta los 13 años.
La iniciativa, que tuvo repercusión en medios nacionales, busca aclarar un punto central: no se trata de una prohibición absoluta, sino de una restricción consensuada y acompañada por los adultos, con el objetivo de cuidar el desarrollo integral de los menores y reducir riesgos asociados al uso temprano de dispositivos conectados a internet.
Desde el punto de vista legal, Peñaloza explicó que el derecho de los niños, niñas y adolescentes al acceso a la información no es ilimitado, y que puede —y debe— ser ejercido con el acompañamiento de padres, madres o adultos responsables. La especialista remarcó la diferencia entre entregar un celular sin supervisión y permitir su uso de manera guiada y educativa.
En ese marco, destacó el valor del acuerdo colectivo, ya que evita situaciones de aislamiento o discriminación entre los chicos. Cuando las decisiones se toman de manera individual, explicó, los niños pueden terminar expuestos a los mismos contenidos a través de terceros o sentirse excluidos dentro de su grupo social.
El pacto entre familias apunta a postergar el uso autónomo del celular, especialmente el acceso a redes sociales, hasta una edad en la que los chicos cuenten con mayor madurez emocional y herramientas para desenvolverse en el entorno digital. Según la especialista, este tipo de acuerdos comunitarios fortalecen la educación digital y promueven una crianza más consciente en tiempos de hiperconectividad.
