En el programa Antes de ver el sol, el abogado ambientalista Marcelo Romano expresó una dura crítica tras la promulgación de las leyes 9.684 y 9.685, mediante las cuales el gobierno provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ – Cobre Mendocino, ubicado en el distrito minero occidental de Malargüe.

Romano, referente histórico de la defensa del agua en Mendoza y protagonista de las movilizaciones de 2019 contra la modificación de la Ley 7722, cuestionó la legalidad del proceso legislativo y advirtió sobre las consecuencias ambientales, sociales y productivas que podría traer la mega minería en la provincia.

Durante la entrevista, relató las marchas realizadas desde San Carlos y Uspallata hasta la Legislatura, con el objetivo de advertir a los legisladores sobre lo que definió como una “entrega del agua” a intereses mineros. Según explicó, el proyecto PSJ es uno de más de 70 emprendimientos denunciados en la cuenca del río Mendoza y podría consumir hasta 12 millones de litros de agua por día, en una provincia donde el recurso hídrico ya es escaso.

El abogado puso especial énfasis en el impacto que la actividad minera tendría sobre los regantes del Este, la agricultura, la vitivinicultura y las comunidades originarias, señalando que el agua utilizada por las mineras “necesariamente se le quita a alguien”. Además, cuestionó la capacidad del Estado provincial para ejercer controles ambientales eficaces, citando antecedentes de contaminación industrial no sancionados.

Romano afirmó que, a su entender, no existen hoy herramientas judiciales eficaces para frenar la iniciativa, y que la única vía posible es la movilización popular, tal como ocurrió en 2019. En ese sentido, reclamó la realización de un plebiscito, para que la ciudadanía decida si existe o no licencia social para el proyecto San Jorge.

Finalmente, advirtió que los beneficios económicos anunciados por el gobierno no compensan el riesgo ambiental: los ingresos proyectados representarían una porción mínima del presupuesto provincial, mientras que el daño al agua sería irreversible y afectaría a las futuras generaciones.

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