La derogación de la Ley de Alquileres continúa generando consultas entre propietarios e inquilinos. En ese contexto, Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, explicó los cambios que introdujo el DNU 70/2023 y cómo impactan en los contratos de locación y en el mercado inmobiliario.
Durante una entrevista en el programa Antes de Ver el Sol, que conducen Hugo Lombardi y Hugo Videla por Ciudad FM 90.5, Irrera detalló las nuevas condiciones para rescindir contratos, los plazos de alquiler, los mecanismos de actualización y la situación actual del sector inmobiliario.
Según explicó, la Ley 27.551 fue derogada por el DNU 70/2023, lo que modificó varios aspectos que regían hasta ese momento. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la rescisión anticipada de los contratos.
“Con el DNU, el inquilino puede rescindir en cualquier momento el contrato”, señaló Irrera.
El dirigente explicó que anteriormente el inquilino debía esperar al menos seis meses para poder finalizar el contrato de manera anticipada. Además, existían indemnizaciones diferenciadas según el momento en que se producía la rescisión. Con el nuevo esquema, la persona puede resolver el vínculo cuando lo considere necesario, aunque deberá abonar una compensación equivalente al 10% del monto que resta pagar hasta la finalización del contrato.
“El diez por ciento se calcula sobre todo lo que falta pagar hasta que termine el contrato”, explicó.
Para Irrera, esta modificación brinda mayor libertad a quienes alquilan, ya que pueden tomar decisiones frente a cambios laborales, familiares o económicos que no estaban previstos al momento de firmar el contrato.
Otro de los cambios relevantes es la libertad contractual que ahora tienen las partes. Mientras que la ley anterior obligaba a celebrar contratos por un plazo mínimo de tres años y establecía una única modalidad de actualización, actualmente propietarios e inquilinos pueden acordar prácticamente todas las condiciones.
“El plazo de la locación lo pactan las partes, el índice también y cada cuánto se ajusta el contrato también lo pactan las partes”, sostuvo.
Según indicó, en la actualidad los contratos más frecuentes son por 24 meses, con ajustes cuatrimestrales utilizando el Índice de Contratos de Locación (ICL), aunque también pueden utilizarse otros indicadores acordados entre ambas partes.
Consultado sobre la diferencia entre el ICL y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), explicó que el primero combina inflación y evolución salarial, mientras que el IPC refleja exclusivamente la inflación.
Respecto de la posibilidad de rescisión por parte del propietario, Irrera señaló que también puede contemplarse dentro del contrato si ambas partes lo acuerdan previamente. Por ejemplo, en casos donde el inmueble se encuentre a la venta. En esas situaciones, explicó que suele establecerse una indemnización a favor del inquilino.
Durante la entrevista también analizó la situación del mercado inmobiliario en Mendoza y particularmente en departamentos como Rivadavia, donde se observa una importante cantidad de viviendas ofrecidas para la venta.
Según explicó, la reaparición de créditos hipotecarios está comenzando a movilizar nuevamente las operaciones inmobiliarias.
“Realmente hay mucha gente que está tomando crédito”, afirmó.
Irrera indicó que actualmente las viviendas usadas presentan una relación costo-beneficio más atractiva que la construcción nueva, debido al elevado valor del metro cuadrado de construcción.
En cuanto a los precios, señaló que muchas propiedades se están comercializando en valores que oscilan entre los 50.000 y los 70.000 dólares, aunque aclaró que también es posible concretar operaciones en pesos si ambas partes así lo acuerdan.
Otro de los temas abordados fue la llegada de las denominadas casas industrializadas o prefabricadas de origen chino, que comenzaron a despertar interés en Mendoza. Según expresó, podrían convertirse en una alternativa para quienes poseen terrenos pero no logran acceder a créditos hipotecarios tradicionales para construir.
Finalmente, Irrera se refirió a la posibilidad de una mayor desregulación del mercado inmobiliario y manifestó sus reparos frente a esa iniciativa. Consideró que muchas personas no cuentan con conocimientos legales suficientes para afrontar operaciones complejas sin asesoramiento profesional.
Además, remarcó que actualmente los corredores inmobiliarios no constituyen un paso obligatorio para comprar, vender o alquilar propiedades, por lo que consideró que cualquier modificación futura debe analizarse con cautela para evitar perjuicios a los ciudadanos.
La entrevista completa puede verse a través de las plataformas digitales de Ciudad FM.
