UNA CRISIS QUE CRECE: SUELDOS IMPAGOS, APORTES EN DUDA Y UN NUEVO CAPÍTULO DEL CONFLICTO PAMI–CLÍNICA DEL SOL
La Clínica del Sol —nombre de fantasía de MEDISAL S.A.— vuelve a ubicarse en el centro de la tormenta. Mientras su director, el Dr. Oscar Abraham, sostiene públicamente que las dificultades financieras derivan de presuntas decisiones políticas de PAMI, entre ellas la reciente quita de 5.150 cápitas, puertas adentro se desarrolla un conflicto mucho más grave: sueldos impagos, aportes previsionales presuntamente no depositados y presiones hacia el personal para firmar documentación que podría vulnerar derechos laborales básicos.
La situación tomó un giro crítico cuando trabajadores de la institución se comunicaron con este medio para denunciar atrasos salariales, deudas acumuladas y una maniobra inédita: la presunta exigencia de firmar documentos vinculados al Formulario 931, la declaración jurada que los empleadores presentan ante AFIP con los aportes y contribuciones de cada trabajador.
De confirmarse estas denuncias, la gravedad institucional sería extrema. Solicitar la firma de un trabajador para “validar” aportes no realizados no solo carece de legalidad, sino que además constituye una violación directa al orden público laboral. Los aportes previsionales no son negociables: representan un derecho irrenunciable del empleado y una obligación indelegable del empleador. Cualquier presión para legitimar su incumplimiento es, como mínimo, un indicio alarmante sobre el estado administrativo y ético de la conducción.
Un discurso público que no coincide con la realidad interna
El contraste entre lo que se declara y lo que realmente sucede es contundente.
Mientras el Dr. Abraham afirma que la quita de cápitas compromete la estructura financiera de la clínica, una investigación realizada por este medio confirmó que PAMI efectuó los pagos correspondientes en tiempo y forma hasta noviembre de 2025, y que la Clínica del Sol recibió más de 300 millones de pesos entre agosto y noviembre del corriente año.
Una cifra que, en cualquier institución con administración ordenada, debería reflejarse en sueldos al día, aportes previsionales correctamente depositados y un esquema de pagos regular para proveedores.
Pero nada de eso ocurrió. Los salarios continúan adeudados, los aportes previsionales presentarían años sin ser depositados y los trabajadores denuncian un deterioro laboral sin precedentes.
Un conflicto que trasciende la disputa con PAMI
Durante su reciente entrevista en el programa Hola Gente, el Dr. Abraham insistió en que la quita de cápitas afecta la libertad de elección de los afiliados y compromete el pago de cheques destinados a insumos y equipamiento. Sostuvo nuevamente que detrás del conflicto existe un trasfondo político. Aquí la entrevista: https://ciudadfm.net/clinica-del-sol-en-crisis-pami-le-quita-mas-de-5-mil-afiliados-y-el-dr-abraham-advierte-que-no-entendemos-el-motivo/
Sin embargo, mientras el discurso público se enfoca en factores externos, las denuncias internas revelan un escenario distinto: uno marcado por presunta vulneración de derechos laborales, incertidumbre y un posible desfinanciamiento estructural cuyo origen aún no ha sido explicado.
Jubilados y trabajadores, rehenes de un conflicto opaco
El impacto humano es innegable. Los trabajadores viven con angustia, sin certezas sobre su salario ni su futuro previsional. Los jubilados, por su parte, quedan atrapados en una institución atravesada por inestabilidad interna. Y la comunidad observa desconcertada mientras los relatos públicos se contradicen y la transparencia continúa ausente.
Lo que debería ocurrir ahora
Para recuperar la confianza, la institución debe transparentar con urgencia su situación financiera. Esto implica:
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Publicar los montos efectivamente recibidos por PAMI y otros financiadores.
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Aclarar el destino de esos fondos y justificar la falta de pago de salarios y aportes.
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Explicar formalmente si existieron presiones para firmar documentación vinculada al Formulario 931.
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Garantizar de manera inmediata el cumplimiento de todas las obligaciones laborales.
PAMI, por su parte, tiene el deber institucional de fundamentar sus decisiones con criterios técnicos y realizar auditorías abiertas.
Lo que está en juego
Este conflicto pone en riesgo la credibilidad del sistema de salud, la dignidad de los trabajadores y el derecho de los pacientes a recibir atención en un entorno estable y transparente. La sociedad merece una respuesta clara, urgente y basada en hechos verificables.
