El municipio entregó al máximo órgano de Justicia un recurso administrativo que apunta a que el Gobierno nacional reconozca los datos oficiales del Censo 2022 para la fórmula de los repartos coparticipables.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, presentó una demanda en la Suprema Corte de Justicia para que el Gobierno provincial cumpla con la fórmula de la coparticipación municipal, teniendo en cuenta los datos oficiales del Censo 2022. En el documento, también reclama un resarcimiento económico que el Ejecutivo le adeuda al departamento.

Allasino es el único intendente opositor al gobierno de Alfredo Cornejo que se ha manifestado en contra del cambio de fórmula de la coparticipación. Los únicos que se habían manifestado a favor de que continúe el mismo esquema de repartos de fondos, con los datos del Censo 2010, fueron los jefes comunales de Cambia Mendoza, Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Francisco Lo Presti (Las Heras).

Los dirigentes radicales también presentaron un recurso administrativo pero en el Ministerio de Hacienda bajo el argumento que con el cambio de fórmula del Censo 2022, ambos municipio se iban a ver perjudicados con el reparto de fondos coparticipables.

A través de su cuenta de X, el dirigente de La Unión Mendocina dio a conocer la demanda presentada ante el máximo órgano de Justicia. “Luján creció. Con un nuevo distrito, y con 55.168 nuevos lujaninos, según el CENSO 2022. Ignorar la realidad es una falta de respeto para todos los vecinos del departamento, pero además, para los mendocinos de bien”, expresó.

 

Mediante un extenso mensaje, Allasino graficó que la Provincia le adeuda a Luján “más de 15 mil millones de pesos por todos los años, que no se coparticipó lo correspondiente y un desconocimiento de la existencia de todos estos vecinos del departamento. Por lo tanto, negarle los recursos, es negarle el acceso a los servicios, les corresponden”.

En detalle, desde el municipio detallaron que en 2010, la Justicia falló a favor de Luján en un conflicto de límites con Maipú, en el que reconoció de manera formal un territorio comprendido entre las calles Terrada y Vieytes, y entre Juan José Paso y Azcuénaga.

En 2017, la Suprema Corte incorporó oficialmente a la geografía del departamento una importante zona del Pedemonte (ex Blanco Encalada), territorio actualmente denominado como Vertientes del Pedemonte.

Respecto a la presentación del recurso administrativo, Allasinó aseguró: “Nosotros en noviembre fuimos muy explícitos en que íbamos a agotar todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes para defender los intereses de los vecinos. Ese reclamo que presentamos al Ejecutivo Provincial no fue respondido, por lo que hoy estamos ante la Justicia”.

Por último, el dirigente remarcó que irá a fondo por la coparticipación municipal y que no permitirá que el Ejecutivo continúe colocando “parches” que “perjudican el desarrollo económico de la provincia” ,por lo que “es pertinente definir una nueva ley, con un componente de coparticipación devolutiva, en donde esté contemplada la meritocracia para que cada uno tenga la debida recompensa con relación a la eficiencia, el real desarrollo económico y la realidad fiscal, entre otros puntos”.

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