Por Daniel Aguilera
Las denuncias contra la constructora Márquez & Asociados no son un caso aislado. Lo que está ocurriendo en Mendoza es solo una pieza más de un rompecabezas nacional de incumplimientos, evasivas y promesas postergadas. Mientras cientos de familias esperan las viviendas que pagaron hace años, la empresa responde con reprogramaciones hasta 2028 y una campaña de imagen en lugar de soluciones concretas.
Los testimonios de damnificados en Mendoza reflejan la misma historia que se repite en Córdoba, San Luis y Santiago del Estero: contratos abusivos, pagos realizados sin avances de obra y clientes obligados a aceptar nuevas condiciones para no perder todo. Un fallo judicial ya expuso la conducta de la empresa como “evasiva y desconsiderada”, pero la falta de respuestas reales agrava la situación.
El panorama legal es complejo: denuncias por estafa, demandas civiles y penales, investigaciones por asociación ilícita y hasta pedidos de quiebra en trámite. En Córdoba, el epicentro de los reclamos, la Justicia analiza llevar el caso a la unidad de Delitos Complejos, una señal clara de la gravedad del asunto.
A la crisis con los clientes se suman los problemas internos: empleados denuncian salarios atrasados y deudas laborales, mientras la empresa insiste en culpar a la pandemia y la inflación. Pero, ¿cómo justifica los contratos de 2016 sin obras iniciadas?
El intento de lavado de imagen con una agencia de publicidad y un canal de televisión solo refuerza la indignación de quienes ven sus ahorros y sueños atrapados en un callejón sin salida. Márquez & Asociados parece más preocupada por su reputación que por cumplir con sus compromisos.
Más allá de las cifras –3.755 viviendas entregadas en una década frente a 800 obras en marcha–, la estructura financiera de la empresa genera dudas. La sospecha de un esquema tipo Ponzi no es menor: si los nuevos ingresos sostienen los pagos pendientes, la caída es solo cuestión de tiempo.
Mientras la Justicia avanza y los damnificados siguen luchando por sus derechos, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿habrá soluciones reales o solo más postergaciones disfrazadas de acuerdos?
