En el marco del femicidio de Flor Moyano, ocurrido en un descampado del departamento de Las Heras, y que tuvo como principal sospechoso a Gabriel Molina, un hombre con antecedentes penales, el abogado penalista Pablo Cazabán participó del programa «Antes de ver el sol», conducido por Hugo Lombardi en Ciudad FM, para analizar la controversia generada alrededor de las salidas transitorias concedidas a Molina.
Cazabán explicó que la responsabilidad en el otorgamiento de beneficios como la libertad condicional o salidas transitorias no recae exclusivamente en los jueces, sino que involucra un sistema complejo que incluye organismos técnicos especializados. En ese sentido, el letrado consideró que la polémica que apunta a culpar a los magistrados es “falaz” y desinformada.
“El juez no puede dictar ninguna resolución sin un fundamento técnico que avale su decisión”, subrayó Cazabán. “Es todo un sistema el que aborda al condenado, y en base a dictámenes de organismos técnicos, junto al juez, se determina si la persona está en condiciones de reinsertarse en la sociedad”, agregó.
El abogado enfatizó que el fin de la pena es precisamente dotar al condenado de herramientas sociales, culturales y legales para su reinserción, y que esperar que un juez haga un pronóstico absoluto sobre la conducta futura de una persona resulta “excesivo”.
Por último, Cazabán recordó que, además de las responsabilidades institucionales, también recae sobre el beneficiario el cumplimiento estricto de las pautas impuestas para evitar reincidencias o cualquier comportamiento que contravenga la ley.
Estas declaraciones buscan aportar claridad en medio de un debate que se acentuó tras el crimen y que reavivó cuestionamientos al sistema judicial y penitenciario en casos de violencia de género.
