Por Claudio Daniel Aguilera
El presidente, Javier Milei, ha designado por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta decisión se tomó después de que el Senado no aprobara sus nombramientos, y se argumenta que el máximo tribunal no puede funcionar adecuadamente con solo tres ministros. Los nombramientos en comisión estarán vigentes hasta el final del próximo período legislativo.
La Constitución Nacional faculta al presidente para realizar nombramientos en comisión durante el receso del Congreso, una práctica que ha sido utilizada en el pasado por otros mandatarios. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la idoneidad de Lijo debido a denuncias previas y consideran que la acción podría afectar la independencia judicial.
El gobierno sostiene que, durante casi un año, el Senado no se pronunció sobre los pliegos de los candidatos, a pesar de haberse cumplido con todos los requisitos normativos. Por ello, se decidió avanzar con las designaciones para garantizar el normal funcionamiento de la Corte Suprema.
Este movimiento ha reavivado el debate sobre la separación de poderes y la politización de la justicia en Argentina, generando diversas reacciones en el ámbito político y judicial