En el programa Antes de Ver el Sol, Hugo Lombardi dialogó con Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza, luego de que se publicara en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. La norma, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Parlamento, finalmente fue reglamentada tras varios meses de demora, aunque desde el sector advierten que su aplicación real sigue siendo incierta.
Bascuñán explicó que el Observatorio de Discapacidad de Mendoza es una organización de la sociedad civil integrada y conducida por personas con discapacidad en primera persona, creada en 2014, con trabajo territorial en toda la provincia. Su objetivo central es acercar información clara y accesible, acompañar a las personas con discapacidad y exigir políticas públicas con enfoque de derechos humanos, bajo el lema “Nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”.
Al analizar la reglamentación de la ley, la referente fue contundente al señalar que se trata de una respuesta forzada, producto de la presión judicial y de la lucha sostenida del colectivo en las calles. Según indicó, la norma debería funcionar como un “salvavidas” ante una emergencia real, pero se ve limitada por decisiones estructurales del Gobierno nacional, como el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su degradación a secretaría dentro del Ministerio de Salud.
Desde el Observatorio advierten que la reglamentación no prioriza la garantía de derechos sino el control y la auditoría sobre las personas con discapacidad, en un contexto de recortes, quita de pensiones, falta de acceso a tratamientos, medicamentos y prestaciones básicas. En ese sentido, Bascuñán denunció que el sector atraviesa una situación extrema, con consecuencias directas sobre la calidad de vida e incluso la vida de muchas personas.
También cuestionó el estado de las políticas públicas en Mendoza, la falta de áreas de discapacidad en los municipios, la ausencia de personas con discapacidad en los espacios de decisión y la situación irregular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad en la provincia, a la que calificó como “ilegítima”.
Finalmente, sostuvo que la reglamentación no amplía derechos en la práctica y que el colectivo de personas con discapacidad no tiene expectativas positivas mientras no se garantice la aplicación del modelo social de la discapacidad, el acceso efectivo a la salud, la educación, el transporte y las prestaciones esenciales. “Lo único que conseguimos es producto de la lucha colectiva”, afirmó.
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