Este lunes a las 10 hs, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, se sentará en el banquillo en el marco de la situación que enfrenta el sindicalista tras violar el Artículo 194 por entorpecimiento de la vía pública durante una protesta realizada en el marco de las negociaciones paritarias de 2022. Existe la posibilidad de que el Juzgado Penal Colegiado N°1 resuelva.
Macho ya estuvo en las instalaciones del Polo Judicial el pasado 31 de julio, acompañado por su esposa y también dirigente gremial, Adriana Iranzo, durante la audiencia preliminar de acusación. Desde ese entonces, a través de las redes sociales, ATE salió a exigir que no se «criminalice la protesta». Incluso, el titular del sindicato denunció ser un «perseguido político».
La causa está a cargo del fiscal Fernando Giunta y en la audiencia de este lunes se formulará formalmente la acusación. El equipo legal de ATE ya anticipó que planteará la nulidad. La instancia judicial de la que participarán durante la jornada del 26 de agosto es una audiencia de acusación, que con las nuevas reformas se transforma en una audiencia multipropósito, donde se pueden realizar distintos planteos, que luego el juez resolverá al final.
El proceso judicial comenzó con los fiscales realizando el planteo de esta audiencia. Después se les corrió vista a las defensas, que desarrollaron distintos planteos como, por ejemplo, la falta de acción, entre otros. Luego, el juez pidió que se formulara la acusación, que es el objetivo principal de este lunes. Tras esa acusación, se le corrió vista a las defensas, que también han realizado planteos
Macho también fue encarcelado tras encabezar un conflicto en 2022. Tras manifestarse por más de 80 días en las calles fue imputado por cinco hechos y, posteriormente, trasladado a la cárcel de San Felipe. A raíz de esas protestas cinco dirigentes gremiales de ATE y la CTA Autónoma Mendoza fueron imputados por el fiscal Giunta. Entre los acusados están Roberto Macho, Adriana Iranzo (secretaria Adjunta), Roberto Podio (secretario de Comunicación) y Romina Castro (secretaria de Derechos Humanos). Macho también reclama, más allá de los cinco hechos, su sobreseimiento en dicha causa porque entiende que fue «detenido sin fundamentos».
En la previa a la audiencia Roberto Macho sostuvo que «no se trata solamente de la criminalización de la protesta, ya que hay un hecho de persecución concreta. De manera lamentable, los dirigentes sindicales, en su gran mayoría, se han abierto frente a ese contexto, donde muchos se arrodillaron, nosotros queremos dejar algo bien en claro: podemos tener nuestros defectos, pero siempre debatimos todo y somos muy democráticos».
Y agregó: «Somos dignos y nobles en las profesiones que tenemos. Eso nos permite mantener la convicción de que no nos vamos a arrodillar frente a ningún gobierno de turno, ya sea radical, del PRO, peronista o kirchnerista».
«Estamos convencidos que todo lo que hacemos es por un bien común, por una justicia social y por una justa retribución de la riqueza. Entonces, nos preguntamos ¿por qué los gobiernos de Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo nos llevan el lunes a la Justicia? Porque no quieren tener dirigentes sindicales fuertes y con poder para discutir los salarios. En cambio, prefieren tener a dirigentes sindicales arrodillados, que les firmen cualquier cosa. Por eso, nos mandan a la Justicia, porque saben que ATE NO se va a arrodillar ante nadie», cerró
