En una acción decisiva para proteger los derechos de las personas con discapacidad, Juan Carlos González, encargado de la Defensoría para las Personas con Discapacidad en Mendoza, anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Agencia Nacional de Discapacidad y el Gobierno Nacional. La medida responde a las largas y angustiosas demoras en la aprobación de las pensiones no contributivas, que afectan a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
DEMORAS INACEPTABLES
González expuso que muchas personas han estado esperando la resolución de sus trámites por períodos que van desde ocho meses hasta cuatro años. Esta inacción no solo genera un impacto económico en las familias, que dependen de estas pensiones para cubrir gastos básicos de salud y subsistencia, sino que también agrava su vulnerabilidad social. La falta de respuesta y la ausencia de ingresos fundamentales colocan a estas familias en una situación insostenible.
«Las familias están absorbiendo gastos que deberían ser cubiertos por el Estado», enfatizó González, destacando que más de 22,000 trámites están pendientes en Mendoza.
UN RECURSO NECESARIO
El recurso de amparo busca exigir que la Agencia Nacional resuelva estos trámites y que se retire el decreto 843, que ha instaurado nuevas restricciones y ha paralizado el proceso de otorgamiento de pensiones. González afirmó que, aunque apoyan la auditoría de gestión pública para garantizar transparencia, esta no puede servir como excusa para la inacción del Estado.
«La auditoría no justifica el recorte ni la demora en el otorgamiento de pensiones. Esto es absolutamente perverso», añadió González.
EFECTOS DEL DECRETO 843
González también abordó las implicaciones del nuevo decreto, que redefine los criterios para acceder a pensiones, restringiendo el apoyo a aquellas personas con incapacidad laboral. Esto podría llevar a una situación en la que quienes reciben pensiones se vean desalentados a buscar empleo por miedo a perder su ingreso seguro, en un contexto de creciente pobreza que afecta desproporcionadamente a las personas con discapacidad.
«Estamos hablando de derechos, no de dinero. Estos ingresos son esenciales para su supervivencia», subrayó.
SOLICITUDES A LA AGENCIA NACIONAL
El primer pedido del recurso de amparo es que se resuelvan los trámites pendientes y se dé una respuesta inmediata a las más de 22,000 personas que están esperando. El segundo es que la Agencia actúe de manera independiente del decreto restrictivo, permitiendo así que más personas con discapacidad puedan acceder a pensiones sin ser penalizadas por tener un empleo.
CÓMO ACCEDER A LA DEFENSORÍA
Para quienes necesiten asistencia, la Defensoría se encuentra en Gutiérrez 51, Ciudad de Mendoza, y pueden comunicarse a través de WhatsApp al 261 386 2360 o al correo defensoriadiscapacidad@gmail.com.
Juan Carlos González concluyó la entrevista con un llamado a la acción: «Esperamos una respuesta pronta de la justicia para todas estas personas. Es un derecho que no se puede seguir postergando».
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