En diálogo con el programa “Antes de Ver el Sol”, el abogado Eduardo Tolosa analizó en profundidad el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, tras el respaldo electoral obtenido el pasado domingo. Desde una mirada jurídica, el letrado pidió “tranquilidad” a los trabajadores y aclaró que los derechos laborales esenciales están garantizados por la Constitución Nacional.
Tolosa aseguró que “ningún empleado debe tener temor de que sus derechos serán vulnerados”, ya que el artículo 14 bis de la Constitución “protege expresamente contra el despido arbitrario” y tiene jerarquía superior a cualquier ley o decreto. “Para cambiar eso tendrían que reformar la Constitución, y ese proceso es tan complejo que requiere incluso un plebiscito previo”, explicó.
El abogado cuestionó la difusión de versiones falsas en redes sociales sobre la supuesta pérdida de derechos: “El vicio que cometemos los argentinos es consultar siempre a José Google o ahora a la inteligencia artificial. Y no todo lo que circula es cierto”.
En ese sentido, afirmó que la eliminación de las multas por trabajo en negro no significa un permiso para precarizar, sino que ahora “esas sanciones se transforman en reparación de perjuicios, sujetas al criterio de los jueces”.
Para Tolosa, el problema central del empleo en Argentina no es la legislación laboral sino la presión impositiva. “Más que una reforma laboral, se impone una reforma impositiva. La carga que soportan las empresas es enorme, y esa es la caja que la política no quiere soltar”, sostuvo. En su opinión, los gobernadores deberán plantear cambios fiscales “si realmente quieren generar empleo formal”.
Respecto a los temores sobre la indemnización, el abogado fue categórico: “La indemnización es un derecho concedido al trabajador. Si lo despiden, debe cobrarla como establece la ley. Y una norma inferior no puede modificar lo que garantiza la Constitución”.
Tolosa consideró que las modificaciones más probables no apuntarán a recortar derechos laborales, sino a democratizar los sindicatos y modernizar los convenios colectivos. “Van a querer prohibir la reelección indefinida en los gremios y eliminar la ultraactividad de los convenios, que hoy siguen vigentes aunque hayan vencido hace décadas”, detalló.
También explicó que “los aportes sindicales no son obligatorios” y que la pertenencia a un gremio “es un derecho, no una imposición”.
Sobre otras versiones difundidas —como el pago del salario en especie o las vacaciones cada dos años— Tolosa fue enfático: “Eso está expresamente prohibido. No te pueden pagar con vales o mercadería. Lo prohíbe el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene jerarquía constitucional desde la reforma de 1994”.
En su análisis, el abogado distinguió entre “actualizar” y “reformar” el sistema: “Hay que modernizar algunos aspectos, como las nuevas formas de contratación o la figura del trabajador colaborador, que ya prevé el DNU 70. Pero eso no significa eliminar derechos”.
Tolosa destacó la necesidad de crear convenios por empresa para adaptar la realidad de cada PyME: “No se puede legislar igual para una empresa de cinco mil empleados en Buenos Aires que para un emprendimiento de tres trabajadores en Rivadavia. Los costos no son comparables”.
Finalmente, sostuvo que una reducción en las cargas sociales podría fomentar el empleo registrado, y que los temores de los asalariados “no tienen fundamento constitucional”.
“Muchachos, tengan tranquilidad: sus derechos no van a estar vulnerados. Tenemos la Constitución y los convenios internacionales que nos protegen. Todo lo que sea inconstitucional se puede defender”, concluyó.
