En la última edición del programa «Antes de Ver el Sol», conducido por Hugo Lombardi, se abordó una temática de gran sensibilidad e impacto en el ámbito educativo: la puesta en funcionamiento de la Defensoría del Personal de Educación, una nueva herramienta dentro de la Dirección General de Escuelas (DGE) destinada al seguimiento de sumarios administrativos contra docentes y celadores.
El entrevistado fue Alejandro Sconfienza, director de Asuntos Jurídicos de la DGE, quien brindó detalles sobre el origen, el funcionamiento y los objetivos de esta defensoría, creada a raíz de dos denuncias por presunto abuso sexual en escuelas del departamento de Guaymallén.
Sconfienza explicó que si bien la defensoría fue formalmente establecida recientemente, ya se venía trabajando desde hace tiempo en un reglamento específico para agilizar los procedimientos disciplinarios, conocidos como sumarios, que se aplican a personal con estabilidad laboral.
El propósito principal del organismo es acortar los plazos de los procesos, optimizar recursos y garantizar que tanto las sanciones como las exoneraciones se basen en pruebas sólidas, evitando daños innecesarios a personas inocentes. “Un docente injustamente acusado debe tener la posibilidad de defenderse y ser sobreseído cuanto antes”, señaló.
La defensoría actuará sobre casos que van desde faltas leves como inasistencias reiteradas, hasta situaciones graves como acoso o violencia, trabajando en paralelo con la justicia penal cuando corresponda. En casos graves, los docentes titulares son trasladados de inmediato, mientras que los suplentes pierden automáticamente su cargo al no contar con estabilidad.
Sconfienza también destacó el rol de la ficha limpia, una herramienta recientemente instaurada que permite conocer antecedentes de los aspirantes a cargos docentes, lo cual ha evitado que personas con causas penales vigentes ingresen al sistema educativo.
“Esto no es persecución, es eficiencia y protección para toda la comunidad educativa”, enfatizó el funcionario.
Con esta nueva defensoría, el sistema educativo mendocino busca brindar transparencia, celeridad y garantías legales tanto a las víctimas como a los denunciados, en un escenario en el que la responsabilidad institucional debe estar a la altura de los desafíos actuales.
