En diálogo con Antes de Ver el Sol, el diputado nacional Daniel Arroyo se refirió a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, pero que aún no se aplica.
“Claramente el gobierno está haciendo algo que es absurdo e inconstitucional. Una ley es una obligación, no un consejo”, afirmó el legislador. Según explicó, el jefe de Gabinete Guillermo Francos promulgó la norma, pero decidió suspender su aplicación hasta que se definan fondos específicos para financiarla.
Arroyo fue categórico: “Todos los días el jefe de gabinete compensa partidas presupuestarias. Lo hizo incluso con la Agencia Nacional de Discapacidad. Tiene la obligación de poner en marcha la ley”.
El diputado remarcó que la situación afecta directamente a las familias: “Hay angustia y desesperación. El sistema de atención está colapsado. No acceden a medicamentos, terapias ni traslados. Los hogares y centros de día están a punto de cerrar”.
Sobre las alternativas, señaló tres caminos posibles: que el Ejecutivo cumpla la ley, que la Justicia exija su aplicación —como ya lo ha hecho en fallos anteriores— o que el Congreso avance con la moción de censura contra Francos. “Eso está previsto en la Constitución, cuando el jefe de Gabinete no cumple con sus deberes”, explicó.
Arroyo también cuestionó la forma en que el Gobierno nacional llevó adelante auditorías de pensiones por discapacidad: “Fue un procedimiento mal hecho, que hizo viajar cientos de kilómetros a personas, generar colas interminables y dejó a miles sin respuesta por errores de domicilio”.
Consultado sobre la política en general, subrayó: “No hago chicanas ni títulos fáciles. Mi compromiso es con las personas con discapacidad y sus familias. Lo que hay que hacer es poner en marcha la ley”.
